Resumen de la ponencia presentada por la presidenta interina de UPR durante la vista legislativa para considerar el nuevo presupuesto de la institución.

Puerto Rico atraviesa un momento de su historia en el cual es trascendental que los recursos económicos que invierte el gobierno central estén destinados a satisfacer los servicios esenciales de la población y al fortalecimiento de las iniciativas que permitan la recuperación económica y social del país. La inversión en la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha demostrado históricamente cumplir con ambos objetivos.

Ejemplo de los servicios esenciales que proveemos es el programa para médico indigentes del Recinto de Ciencias Médicas, que ofrece anualmente atención especializada a más de 27,000 pacientes participantes del plan de salud gubernamental. De igual forma, el Recinto de Mayagüez es responsable por la Red Sísmica de Puerto Rico y la Red de Movimiento Fuerte que durante 24 horas al día los 365 días del año monitorea los movimientos sísmicos que pueden afectar a la Isla y al Caribe.

Ni hablar del Recinto de Río Piedras que es el depositario de la mayor colección de libros de derecho y literatura del Caribe y el mayor museo antropológico del País. Además, ofrece servicios profesionales gratuitos a través de clínicas y prácticas en agencias del gobierno, ofrecido por las escuelas profesionales como Derecho, Educación, Sicología y Trabajo Social, entre otros.

Además de proveer estos y tantos otros servicios, estudios demuestran que por cada dólar que aporta el gobierno central a la UPR se genera un retorno de $1.5 y por cada 100 empleos generados como parte de las actividades de la institución, se crean 164 empleos adicionales en otras áreas de la economía. A pesar de la contundencia de estos datos, la UPR ha sido la entidad del gobierno que más recortes ha enfrentado con una reducción en cinco años de un 52% de las apropiaciones que recibía del gobierno central.

Mucho se ha hablado de que la UPR ha fallado en tomar medidas para enfrentar la crisis fiscal de país y los severos recortes que ha sufrido. Nada más lejos de la verdad.

La UPR ha logrado un 92% de cumplimiento con las medidas recomendadas por la Junta de Supervisión Fiscal. Ejemplo de ello es un aumento sin precedente en la captación de fondos externos de investigación logrando un 37% de aprobación depropuestas sometidas. También se han creado más de 1,500 cursos en línea y casi la totalidad de la oferta presencial (97%) ha sido adaptada a modalidades de enseñanza remota.

Por otra parte, los recintos de Arecibo, Aguadilla y Utuado comenzaron un Plan Piloto Modelo de Servicios Compartidos para maximizar los recursos no docentes en distintas oficinas administrativas y se inició la centralización en la Administración Central de las oficinas de finanzas y recursos humanos para evitar la redundancia en el ofrecimiento de servicios, entre otros esfuerzos.

A pesar de las medidas mencionadas y otras adoptadas, los recortes presupuestarios han arrastrado a la Universidad a una situación fiscal precaria que ha redundado en un aumento del costo de estudio y afectado las condiciones laborales de los trabajadores de la Institución. Esto, a mediano plazo, pudiera afectar las acreditaciones de recintos y programas y causar la pérdida definitiva de los fondos externos.

Puerto Rico necesita una Universidad fuerte para salir de la crisis fiscal que estamos enfrentando. Proteger la UPR es responsabilidad de todos.

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