El país ha sido rehén de las maniobras políticas de facciones internas en el partido de gobierno. Las pugnas intestinas han resultado en el fracaso de las instituciones políticas a las que la Constitución le asigna el poder ejecutivo de nombramientos y la facultad legislativa de consejo y consentimiento.

Todo comenzó con una facción —el pasado gobernador y su círculo más cercano—que avergonzó al país al revelarse la corrupción en altas esferas del gobierno y luego el contenido del chat escandaloso. El pueblo indignado se lanzó a la calle para exigir la renuncia del gobernador. De esa forma vertió la ira y la frustración que había acumulado durante años de depresión económica, corrupción, ineficiencia gubernamental, una deuda desbocada, y la revelación del escondido carácter colonial de la relación con los Estados Unidos. La dependencia y la subordinación han imposibilitado el desarrollo económico y provocaron que durante décadas los diversos gobiernos se corrompieran y que hubieran incurrido en la deuda impagable, aun en contra de los límites constitucionales, para aparentar que realizaban obra de gobierno, y hasta para pagar el servicio de la deuda.

El gobernador renunció, y el problema de la sucesión recrudeció la pugna entre facciones. El secretario de estado hubiese sido el sucesor según dispone la Constitución, pero esa persona era partícipe del chat y tuvo que renunciar. A última hora el gobernador nominó un secretario de estado y convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que esta ejerciera su poder de consejo y consentimiento. La Cámara confirmó, pero el Senado pospuso la consideración de asunto para fecha posterior al momento en que sería efectiva la renuncia. El secretario designado asumió el cargo, basándose en una interpretación cuestionada de la ley de sucesión. En la tarde de ayer, el Senado terminó sus trabajos sin dar su su consentimiento al nombramiento.

El asunto ha pasado del escenario político al foro judicial con la presentación de dos pleitos que se encuentran ante consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ambos, la controversia central gira en torno a si un secretario de estado no confirmado por ambos cuerpos legislativos puede asumir de forma permanente el cargo de gobernador. En los próximos días el Tribunal decidirá este problema político-constitucional. Mientras tanto, el país esperará en vilo.

¿Qué va a pasar después? La solución al problema coyuntural de la renuncia y la sucesión no resolverá las preocupaciones que ha expresado el pueblo en las calles, en las redes sociales y en los medios durante el último mes. Los reclamos son múltiples. De múltiples esquinas se han propuesto enmiendas a la Constitución, en la esperanza de que esta vergonzosa situación no vuelva a repetirse.

Hay un problema grande con seguir la ruta de enmendar disposiciones de la Constitución. Al pueblo se le pueden someter en un referéndum de enmienda constitucionaltan solo tres modificaciones. No sería posible considerar y someter al escrutinio del pueblo todas las ideas que se han estado planteando. Además, enmendar tres disposiciones de la Constitución no resuelve el problema estructural de la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. También podría convocarse a una convención constituyente, según dispone la Constitución. Pero esa convención se limitaría a enmiendas al texto, y no podría modificar de forma alguna el carácter territorial de la relación.

Para canalizar los reclamos ante la actual crisis institucional, urge diseñar un mecanismo, basado en la soberanía que el constitucionalismo moderno y el derecho internacional le reconocen solo al pueblo, para enfrentar tanto las limitaciones coloniales a nuestro desarrollo, como la ineficacia de las estructuras de gobierno dispuestas en la constitución actual. Solo una solución que integre los dos aspectos permitirá diseñar el nuevo Puerto Rico que el pueblo reclama.