Había muchas expectativas sobre lo que iba a ocurrir en la audiencia en la Corte Suprema con el caso que cuestiona la composición de la Junta de Supervisión Fiscal. Los demandantes alegan que Promesa es inconstitucional al permitir que los miembros de la Junta no fueran nombrados conforme a la Constitución federal con el consejo y consentimiento senatorial. ¿Puede el Congreso legislar sobre Puerto Rico bajo sus poderes territoriales plenarios sin cumplir con lo que disponen otras cláusulas de la Constitución? ¿Sería este un caso apropiado para revocar la doctrina de los Casos Insulares de hace más de 100 años, que han servido de marco legal para la política territorial de los Estados Unidos desde entonces? ¿Sería inconstitucional la Junta? ¿Se dejarían sin efecto todas sus decisiones que han afectado a tantas personas en Puerto Rico? 

Las filas para entrar a la sala de sesiones de la Corte se empezaron a formar desde las 6:00 de la mañana. La sala se llenó. Había políticos, académicos, abogados y abogadas, estudiantes, funcionarios, americanos, puertorriqueños, de todo un poco. A las 10:00 am salieron los jueces por las cortinas rojas y comenzó la sesión. Llamaron el caso y comenzó el intercambio entre los representantes de las partes y la Corte. Y empezó a desinflarse el globo de las expectativas.

 Gran parte de la discusión se limitó a si los miembros de la Junta son funcionarios “federales” o “territoriales”. La premisa fue que el Congreso tiene el poder de cambiar la estructura del “gobierno territorial”. (Ya no se habla del “gobierno del Commonwealth”). La Junta y los Estados Unidos argumentaron que la Junta es un organismo de ese gobierno territorial, y no requería confirmación senatorial. Actúa en representación y beneficio de Puerto Rico, pagada por el gobierno de Puerto Rico, y aunque funciona por autoridad de ley federal, está compuesta por funcionarios territoriales. Como eso fue lo que quiso hacer el Congreso, la ley y la Junta son constitucionales.

Por las preguntas que hicieron los jueces y juezas, parecen inclinarse a pensar que los miembros de la Junta son funcionarios territoriales no sujetos a consejo y consentimiento senatorial. Algunas preguntas minimizaron el impacto negativo que podría tener la falta de consejo y consentimiento, que lo importante para los demandantes es lo económico y no una grave vulneración de la separación de poderes. Nunca se discutió la distinción entre funcionarios federales de alto nivel, que requieren consejo y consentimiento, y los inferiores que no lo requieren. Las consecuencias de declarar inconstitucional la composición dejando sin efecto tres años de decisiones de la Junta tampoco fueron objeto de consideración prolongada, excepto para indicar que sería muy problemático.

Después de 70 de los 80 minutos de audiencia todavía no habían tocado los Casos Insulares. La abogada de la Utier quiso traerlos a colación por su origen ideológico racista, y porque crear una Junta bajo la cláusula territorial incumpliendo otras disposiciones constitucionales ha tenido un inmenso impacto negativo sobre la gente en Puerto Rico. Pero este planteamiento no tuvo eco en los jueces. El juez Breyer sugirió que se puede resolver el caso a base de la cláusula de nombramientos, sin tocar los Casos Insulares. El juez Roberts sugirió que sería muy incómodo (awkward) discutirlos en este caso, y que no tienen nada que ver.

Y entonces se acabó la audiencia. No hubo grandes revelaciones. Probablemente revoquen la decisión inferior. La premisa de todo es, como siempre, la territorialidad colonial y los poderes plenarios que el Congreso ha ejercido y continúa ejerciendo sobre Puerto Rico. Seguimos siendo un territorio no incorporado. La Junta seguirá operando. Continuaremos sometidos al régimen colonial imperante. La Corte, una vez más, parece validar el poder plenario sobre nuestro país, al que todavía no se le ha permitido el ejercicio del derecho a la libre determinación.

Al menos hasta que nuestro pueblo despierte, se levante y rechace su colonialidad.