Gerardo A. Carlo-Altieri
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¿Que significan los cambios en la Junta de Supervisión?

Las decisiones de José Carrión y Carlos M. García, de no continuar en sus posiciones como miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, levantan una serie de interrogantes sobre el futuro de la institución creada por el Congreso de Estados Unidos para supervisar las finanzas de la isla.

La Junta se creó con demasiada prisa para solucionar el incumplimiento masivo de deuda pública más grande en la historia de los Estados Unidos y uno de los mayores en las finanzas públicas globales.

Puerto Rico quedó en un limbo legal en cuanto a la resolución de $120,000 millones en deudas, incluyendo pensiones, luego que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional en 2016 un intento de crear una estructura local para resolver una quiebra pública.

El peligro que representaba para los bonistas un incumplimiento por el territorio se debía al efecto “contagio” que tal “default” tendría sobre el mercado de bonos municipales. Además, Puerto Rico era una jurisdicción donde no aplicaba el capítulo 9 del código de bancarrota federal y donde casi todos los bonos estaban sujetos por sus propios documentos de emisión, a la interpretación por tribunales locales y a las leyes de Puerto Rico.

El asunto atemorizaba a los bonistas por la posibilidad de una auditoría forense o por verse atacada la legalidad de sus bonos en los tribunales de Puerto Rico por la violación de su obligación de actuar de “buena fe” y de hacer investigación independiente sobre la solvencia del deudor.

Los procesos bajo la Ley Promesa han logrado, hasta el momento, que gran parte de la deuda pública se reajuste a base de sustituir los bonos anteriores por bonos de mejor calidad y garantías, sujetos a los tribunales y leyes de Nueva York y disposiciones federales.

Por otro lado, bajo Promesa, Puerto Rico ha conseguido una serie de ventajas, incluyendo paralizar más de $8,000 millones en repago a bonistas por tres años. Además, ha forzado cerca de $1,000 millones en reservas para sufragar gastos relacionados a los huracanes, terremotos, la pandemia del COVID-19, y tiene una estructura legal bajo el Título 3 de Promesa para forzar un reajuste de las deudas del gobierno central sobre los bonistas, que ningún otro estado de la nación tiene.

Tampoco tienen los cincuenta estados, ni los municipios, el mecanismo extrajudicial del título VI de Promesa, basado en la cláusula de acción colectiva que puede ser usada para obligar a los bonistas recalcitrantes (“holdouts”), evitando lo sucedido en Argentina, donde acreedores minoritarios frenaron por 15 años la rehabilitación de sus finanzas.

A la vez, la labor de la Junta ha desenmascarado gobiernos locales incapaces de organizar su contabilidad y finanzas, llevando tres años atrasados en la preparación de estados de situación.

El proceso, además, se encuentra sumergido en otro caso que involucra a la empresa de contabilidad principal del gobierno (BDO), identificada por el Inspector Federal General (OIG) por conflictos en el manejo de contratos.

A la vez, varios nombramientos de la Junta fueron cuestionados por posibles conflictos de algunos miembros, que no tuvieron que pasar el cedazo de la confirmación legislativa usual.

Mientras, investigaciones autorizadas por la Junta han descubierto conflictos de abogados y consultores que no han tenido consecuencias y que han evitado una auditoría integral forense.

Cualquier nombramiento nuevo a la Junta debe pasar el cedazo de la confirmación del Congreso, y los asesores de la Junta y el gobierno deben cumplir estrictamente con los requisitos del código de bancarrota sobre conflictos profesionales.

La interrogante relevante por conocerse será si los cambios en la composición de la Junta y su presidencia presentan una nueva postura ideológica, una oportunidad para encontrar las causas del desplome de las finanzas de Puerto Rico y enjuiciar a los responsables y una liberalización de las medidas de austeridad hasta ahora impuestas.

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