Gerardo A. Carlo-Altieri
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Quiebras “zombies” en medio del COVID-19

Los pequeños y medianos negocios de Puerto Rico enfrentan niveles de deuda extremadamente altos, falta de liquidez y crédito, y la paralización de la oferta y demanda: la “tormenta perfecta” para un estancamiento profundo y prolongado.

Sin embargo, las radicaciones ante el Tribunal Federal de Quiebras en Puerto Rico se mantienen extremadamente bajas debido a las expectativas de ayudas federales, las moratorias ofrecidas por los bancos y el cierre de los tribunales locales.

The Financial Times alerta sobre el peligro de montones de negocios pequeños en limbo legal (insolvencias “zombies”), que no acceden al Código de Quiebra federal (el “Código”) ni se liquidan. (G. Tett, FT, “Swaped bankrutcy courts threaten US recovery”, 05/15/20). Y, The Economist pregunta, ¿cuántas serán las quiebras, cómo compara el “dolor” con la crisis anterior y si existen alternativas a las quiebras? (The Economist, p. 51, 05/16/20).

Ante la situación espeluznante, todo administrador de empresa debería estudiar la poderosa sombrilla de protección que ofrece el Código de Quiebra federal, incluyendo la paralización de cobros, la condonación de deudas y la cancelación o modificación de contratos.

En febrero se enmendó el Código para simplificar la reorganización de empresas pequeñas, concediendo exclusividad al deudor para presentar un plan de reorganización. También se facilitó la aprobación de los planes de pago a la luz de la Ley para la Reforma de Pequeños Negocios (“SBRA, por sus siglas en inglés”).

Luego, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (“Cares, por sus siglas en inglés”) aumentó a $7.5 millones el máximo de deuda bajo la SBRA, permitió extender los planes de pago a siete años y excluyó ayudas recibidas por la pandemia del ingreso disponible.

Sin embargo, las reformas anteriores podrían ser insuficientes para estimular a las empresas a utilizar el Código y evitar el cierre de operaciones, debido a que la mayoría de los intentos de reorganización fracasa por la falta del “cash-flow” necesario para mantener las operaciones en marcha y sufragar los altos costos del proceso.

Algunas ideas para mejorar el sistema de quiebras y aplicar su estructura a las insolvencias post-COVID-19 incluyen:

Joseph Stiglitz, premio Nobel en Economía, propone una agencia gubernamental para supervisar la quiebra “de todos” fuera de los tribunales y que atienda las necesidades del deudor y de los empleados, en vez del interés de acreedores y bancos, como prevalece en el Código actual (“Bloomberg”, 04/09/20).

Alix y Gitlin recomiendan invertir capital gubernamental en compañías afectadas por el COVID-19 y crear un mercado secundario para dichas inversiones (The Financial Times, 05/20/20).

Westbrook incluiría a empresas mayores bajo la cubierta de la SBRA y eliminaría la prohibición de expedir préstamos federales a negocios en quiebra. (Westbrook, J., “Role of Chapter 11 in addressing consequences of covid19”, Credit Slips (05/26/20).

David Skeel, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, propone financiamiento gubernamental para las empresas durante y luego de terminar su proceso de quiebra. (Skeel, D., Brookings - Economic Studies, 04/2020).

Hay que aceptar que las diferencias políticas y filosóficas en el Congreso hacen muy difícil enmendar el Código en este momento. Pero nada impide al gobierno local implantar medidas autóctonas, siempre que se respeten las cláusulas constitucionales de uniformidad y supremacía federal en asuntos de bancarrota.

El gobierno local podría crear una agencia para administrar las insolvencias locales y requerir la negociación extrajudicial antes de la radicación de un caso judicial, unido a una cesación general (“Standstill”) o período de enfriamiento, en los cobros y ejecuciones con una moratoria obligada a los bancos. Dicha agencia podría extender facilidades de crédito público y garantías bancarias para negocios sometidos al nuevo régimen administrativo de insolvencias, que requieran ayuda debido a la pandemia.

Puerto Rico lleva más de tres años pagando asesores en uno de los casos más costosos en la historia de las quiebras estadounidenses. ¿Por qué no dedicar el tiempo de estos expertos al diseño de soluciones prácticas y locales a la crisis, en vez de continuar enfrascados en litigios contraproducentes?


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