Siempre hemos sabido que, a la hora de tomar acciones urgentes, la necesidad de establecer prioridades se impone. Así vivimos nuestra cotidianidad y así opera el Estado en el manejo de sus múltiples responsabilidades. Como es natural, estas prioridades son el fruto de una escala de valores muy concreta. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tiene suficiente valor como para paralizar todo y colocar el máximo de recursos a su servicio? ¿A quiénes afecta más? ¿Cuánto vale una vida?

Suelen ser éstas, sobre todo la última, preguntas sumamente incómodas sobre todo porque a estas alturas siguen siendo necesarias. Por eso el discurso oficial generaliza y habla de unos valores ambiguos, abstractos, donde todos y todas “somos iguales” ante el Estado, pero donde es evidente la gran hipocresía detrás de ello. La urgencia con que se ha atendido y denunciado la erosión de las costas en la zona de Ocean Park inmediatamente nos permite entender estas escalas de valores que rigen la conducta del gobierno. Hay costas que, a sus ojos, valen más que otras.

Nadie cuestiona la necesidad de tomar todas las medidas urgentes y necesarias, ante el paso de una tormenta o huracán. Y así como llenamos nuestros hogares de agua, baterías y alimentos, el gobierno declara estado de emergencia asignándole valor —a través de ese gesto— a la vida y propiedad de sus ciudadanos. En este punto no hay gran discusión, es justo llamar emergencia la posibilidad de un desastre. Es justo llamar emergencia la erosión de nuestras costas, aunque en el proceso queden expuestas las fisuras de esos valores.

Entonces, me pregunto qué tendrá que pasar para que el gobierno entienda, de una vez, la urgencia tras el reclamo de los grupos feministas del país —tan diversos y plurales como las mujeres que los integran— para que se declare un estado de emergencia ante la extrema violencia de género que se vive en Puerto Rico. La investigación existe, las estadísticas, la documentación. No falta un dato, no hay carencia de evidencia y justificación para este reclamo justo. La única carencia real es la del apoyo presencial y solidario de otros grupos políticos, sindicales y de distintas denominaciones; los mismos a los que las mujeres suelen apoyar en sus causas.

Aún con la realidad a su favor, las mujeres son recibidas sin el más mínimo sentido de urgencia, se les pide paciencia, se les habla de pedir “lo posible”, como si garantizar la seguridad de más de la mitad de la población del país fuese una petición absurda y exagerada. Como si gritar: ¡Nos están matando!, no les significase nada a quienes supuestamente les escuchan.

Sería mejor, entonces, que el Estado admitiese lo que sus acciones evidencian: las vidas de las mujeres puertorriqueñas no son prioridad, no valen lo suficiente como para protegerlas con todos los recursos que el Estado tiene a su haber. Para el gobierno de Puerto Rico erradicar la violencia de género no es un asunto urgente. No merece considerarse emergencia, aunque en la calle continúen los feminicidios, las violaciones, y se alimente la cultura que conduce a esta violencia.

Si en los momentos de crisis es que se demuestra verdaderamente aquello en lo que creemos, aquello de lo que somos capaces, es claro para todo el mundo, que en Puerto Rico, aun cuando gobierne una mujer, nuestras vidas no son prioridad. Nuestra amenaza constante de muerte no es emergencia.