Hiram Sánchez Martínez
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Retroactividad a la carrera: los veredictos unánimes

Sigo sin entender la prisa de la Cámara y el Senado por enmendar una ley que de momento no hay necesidad de enmendar. Hace unas semanas el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió para los estados de la Unión lo que ya había resuelto para el Gobierno federal: que la unanimidad de los veredictos forma parte del derecho constitucional norteamericano al juicio por jurado. Como Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos, el Tribunal Supremo federal resolvió específicamente en 1922, en el caso del periodista Jesús M. Balzac, que el derecho constitucional federal a juicio por jurado no le es de aplicación a los casos penales ante las cortes de Puerto Rico. Y explicó que por ser Puerto Rico un territorio no incorporado, es decir, un territorio para el cual el Congreso no tenía intenciones de convertirlo en un estado de la Unión, era a la Asamblea Legislativa boricua a la que correspondía legislar y darle contenido a ese derecho.

Por cierto, ya desde 1901 Puerto Rico había adoptado por ley local el derecho a juicio por jurado con veredicto unánime para los casos graves, pero como el Tribunal Supremo de Estados Unidos había resuelto en Balzac que podía darle forma a ese derecho, la Asamblea Legislativa dispuso por ley en 1948 que en adelante los veredictos no tenían que ser unánimes, sino por mayoría de 9. Se dice —y lo creo— que fue para evitar que en los juicios contra los miembros más audaces del Partido Nacionalista estos fueran a salir absueltos porque “se colara” en el jurado un simpatizante del nacionalismo e impidiera un veredicto de culpabilidad. Debo admitir que la eliminación del requisito de unanimidad obedeció entonces a razones malsanas y eso estuvo muy mal porque el discrimen político es odioso venga de donde venga.

Entonces los puertorriqueños nos reunimos en 1952 en Asamblea Constituyente y decidimos que el juicio por jurado debía ser un derecho reconocido en nuestra Constitución, pero, a su vez, que no interesábamos que los veredictos en nuestros juicios fuesen por unanimidad, sino por mayoría de tres cuartas partes. Esa fue nuestra voluntad como sociedad democráticamente organizada. Sin embargo, la Constitución de Puerto Rico no prohibió que la Asamblea Legislativa reconociera por ley el derecho a la unanimidad de los veredictos. ¿Y qué hizo la Asamblea Legislativa en los últimos 72 años? Nada. Simplemente esperar a que una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos aplicable a los estados de la Unión —sin mencionar a los territorios para nada—, y hecha extensiva al territorio no incorporado de Puerto Rico por una decisión de hace días de nuestro Tribunal Supremo, dijera que a partir de ahora el derecho a juicio por jurado requiere la unanimidad de veredictos. 

¿Y qué dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos con respecto a eso de la retroactividad del requisito de unanimidad? Que lo resolvería otro día cuando tuviese ante sí un caso que lo planteara. De hecho, el caso le llegó y pronto sabremos la respuesta. Entonces, por qué la prisa de querer hacer en dos o tres días lo que la Legislatura no hizo en 72 años. ¿Por qué no esperar a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos o el de Puerto Rico decidan próximamente si la retroactividad forma parte del requisito constitucional? Después de todo, los veredictos por mayoría —en virtud de los cuales hay alguna gente presa— no necesariamente son inherentemente injustos. Nuestro criterio como puertorriqueños al haber acogido en 1952 los veredictos por mayoría no es bárbaro, incivilizado e irracional. Por el contrario, es razonable y pragmático y nos sirvió bien por más de 70 años.

Querer hacer retroactivo un derecho que no existía hasta hace unos días y que los tribunales no han resuelto que deba ser retroactivo, es realmente hacer una apuesta en una ruleta en que no existen números ganadores.


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