Es como si se alinearan los planetas en señal de que urge acción reconstructiva.  Las 15 acusaciones que radicará el Panel del Fiscal Especial Independiente contra el exjuez Rafael Ramos Sáenz, corona una caravana de eventos que erosionan la confianza en la entidad que custodia el fundamental proceso electoral de nuestra democracia.

Inocente o culpable de las acusaciones del FEI, víctima o villano en la estupidez de “texteo” del llamado “Escándalo WhatsApp”, el exjuez pasó a la historia como el más breve presidente de la Comisión Estatal de Elecciones al denunciarse que consultaba con funcionarios de su partido las adjudicaciones que emitía como presidente de la Junta de Inscripción Permanente en Moca.  No que sea de poca envergadura lo que se le imputa, sino que existan peores ocurrencias previamente denunciadas, estas últimas acusaciones contra un expresidente de la CEE colman la copa y obligan la más severa mirada a lo que allá sucede.

En tiempos del unipartidismo del PPD, pareció justo que los tres partidos reconocidos – dos en minoría – compartieran equitativamente poderes administrativos del proceso electoral con el balance decisional en manos del presidente de la comisión de elecciones, cuya designación respondía al consenso y prestigio de un exjuez designado a cargo.  Ese pasado simple se complicó con el paso del tiempo a medida que el bipartidismo y la frecuencia en cambios de mando político recrudecieron la competencia electoral.  La presidente nombrada durante la última administración popular fue activista reconocida de ese partido; el nuevo gobierno PNP designa a Ramos Sáenz, y esto a su vez desemboca en el disfuncional absurdo de que hoy la CEE está al mando del Comisionado Electoral Popular en minoría.

Con tal historia andada es imperativo reconstruir nuestro andamiaje electoral.  El Presupuesto 2018-19 de la CEE es de $37.7 millones, lo que en un cuatrienio alcanza los $151 millones.  Añádele a esa suma las asignaciones extraordinarias por eventos electorales o al inscribirse nuevos partidos.  Los que andan buscando por dónde, ahí tienen amplia tela para cortar.  En la República Dominicana y los estados de la Unión a la que “pertenecemos, pero no somos parte”, las operaciones se activan cuando se acerca el evento electoral e inverna o duerme el resto del tiempo.

Hacerlo como en esas otras jurisdicciones, no solo tiene sentido económico bajo la austeridad que vivimos, sino que ahorra malestares de patronato, nepotismo y traqueteo político que han transformado la CEE en virtual nido de víboras.  Y estamos a tiempo de hacerlo, antes de entrar al próximo período electoral.