


En Puerto Rico, a menudo enfrentamos amenazas en las que se pretende utilizar terrenos agrícolas protegidos para otros fines que, por lo general, benefician a los inversionistas, pero perjudican a la sociedad. Esta práctica representa una forma de privatizar las ganancias y socializar los costos. A menudo, el argumento es que esos terrenos están en desuso y, por lo tanto, “no tienen valor”. Se asume que es mejor sacarles dinero inmediato que mantenerlos como reservas productivas. Sin embargo, esa visión es completamente equivocada.

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