Bajo el pretexto de modernizar nuestros procesos de votación con un nuevo código electoral, la mayoría legislativa novoprogresista ha aprovechado para insertar disposiciones de corte partidista que pudiesen considerarse un abuso del poder. 

La excusa es que nuestro sistema de elecciones se tiene que poner al tiempo de las nuevas tecnologías. Bien, pero ¿qué tienen que ver las nuevas tecnologías con la definición de “domicilio electoral” y con el método de escoger al presidente de la Comisión que se modifican en este nuevo código?

La ley actual define “domicilio electoral” como “aquel precinto en que el elector tenga establecida una residencia o esté ubicada una casa de alojamiento en la cual reside, o en la cual giran principalmente sus actividades personales y familiares, o en la cual haya manifestado su intención de permanecer”. En fin, tiene que existir una residencia o alojamiento con la cual se tiene contacto real. Sencillo, imparcial y justo. Pero problemático al Partido Nuevo Progresista.

Las encuestas demuestran que la migración hacia Florida ha sido mayoritariamente de votantes del PNP. Esa definición de “domicilio electoral” descalifica a muchos de esos. Para resolver, el proyecto de ley redefine “domicilio electoral”como lo que el elector haya puesto en el registro electoral. Es decir, aun si la persona se ha mudado fuera de Puerto Rico, montó negocio en Orlando, y se la pasa posteando fotos en Instagram haciendo BBQ en su nueva casa cerca de los parques y del mall, se presume por ley que sigue residiendo en la casa de Bayamón que hace años abandonó, solo porque así constaba en el registro antes de irse. 

A ese elector, además, se le permitiría solicitar voto ausente por internet con solo declarar, sin que se le pueda cuestionar ni pedir razones, que el día de las elecciones no estará en Puerto Rico. Eso, aunque su razón para no estar es que ya no vive aquí.

Para que el fin perseguido no se vea tan burdo, el proyecto les pone unas trabas cosméticas a esos electores mudados: no pueden estar registrados para votar allá y acá a la misma vez. Pero eso es según se demuestre mediante convenios de colaboración que tenga Puerto Rico con otras jurisdicciones. No existen tales convenios.

En cuanto a la designación del presidente de la Comisión, la ley actual dispone que el comisionado electoral del partido cuyo candidato a gobernador salió electo propone su candidato a los restantes comisionados para selección unánime. Es un mecanismo de consenso que ha funcionado. 

En el proyecto, sería el comisionado de cuyo partido hubiera obtenido la mayoría de votos íntegros quien proponga un presidente, no el comisionado del partido cuyo candidato a gobernador salió electo. No hay una razón de política pública objetiva que explique ese cambio. La explicación es partidista: en las últimas cuatro elecciones el PNP ha obtenido más votos íntegros que el Partido Popular, aun cuando ha ganado el candidato a gobernador del PPD.

El proyecto también dispone para que cuando haya un tranque entre los comisionados, el nombramiento pase a manos del gobernador requiriéndole confirmación por dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras, en vez de mayoría como es ahora. Nuevamente, no hay razón objetiva de política pública para este cambio. La hay partidista: las últimas dos veces que ha ganado la gobernación, el PPD no ha obtenido el control de dos terceras partes de la legislatura. Si no consigue la confirmación, el nombramiento pasaría a manos del Tribunal Supremo.

Se la pusieron difícil a la gobernadora. El proyecto le conviene a su partido, pero no a su legado.