Una vez aprobados contra el presidente Trump los “artículos de impeachment” por el Comité de lo Judicial y, posteriormente, el pleno de la Cámara de Representantes por simple mayoría de votos, el asunto tiene que pasar al Senado de los Estados Unidos. Se aprobarán unas reglas que regirán el proceso donde la tradición dicta sea de forma bipartita. Estas normas no están sujetas a revisión judicial y muchas de ellas forman parte de un cuerpo normativo histórico.  Aunque se trata de solo el tercer presidente cuyo proceso de “impeachment” llega a dicho cuerpo (Andrew Johnson y William Clinton fueron los otros. Nixon renunció antes), el Senado ha celebrado unos 17 juicios por este medio a través de su historia. Casi la totalidad de estos han sido contra jueces federales para quienes la Constitución de los Estados Unidos (distinto a la de Puerto Rico) otorga al Senado el poder único de destitución. Hay poca tradición en estos procesos contra un presidente, pero abundante en cuanto a la experiencia con jueces federales. Ya sería el cuarto presidente "impeached".

En el Senado, la presentación de cargos será responsabilidad de los “Impeachment House Managers”, que serán designados por la Cámara de Representantes. Estos “artículos” o “cargos” aprobados serán notificados al presidente y al juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que presidirá el proceso. Por imperativo constitucional, esta presidencia solo ocurre cuando se trata del juicio contra un presidente. El rol de este es limitado, aunque pudiera ser muy importante. Todo dependerá del plan del juicio o estrategia que sigan los republicanos en el Senado. Es decir, aun se especula si presentarán testigos y quiénes serían o, si recibidos los “artículos” y la refutación escrita del presidente, se pasa a la deliberación casi inmediata para votarle en contra ante la confianza de que cuentan con los votos para ello. De esta estrategia dependerá la duración del proceso. El cálculo es estrictamente político. 

Se ha informado que el presidente desea convertir el juicio en un espectáculo mediático y político. Quiere la citación de testigos incluyendo a varios legisladores, al exvicepresidente Biden y a su hijo. El líder de la mayoría del Senado teme que ello pueda revertir en contra de su intención política. Cualesquiera sean las normas del proceso, eventualmente tiene que haber una votación sobre los cargos que cuente con dos terceras partes de los miembros del Senado presentes. 

Regreso al juez presidente y su rol. Posiblemente, en este proceso sea el partícipe más infeliz e incómodo. Aunque sabe que su rol es limitado, el ambiente político partidista es ajeno a su trabajo actual y, sobretodo, a su afán por lograr mantener al Tribunal Supremo libre de tribulaciones partidistas visibles. Por razones constitucionales, no podrá imponer su criterio ni hacer uso de poder inherente alguno: solo viene a administrar un proceso cuyas reglas son dictadas por el propio Senado. Así, por ejemplo, puede ser que sus decisiones o “rulings” sobre admisibilidad de prueba u otros asuntos de similar naturaleza sean revisados de inmediato por el pleno del cuerpo y sea revocado. Con razón el exjuez presidente William Rehnquist decía lo siguiente cuando reflexionaba sobre su experiencia al presidir el juicio contra Clinton: “No hice nada y lo hice bien”. 

Si prevalece el plan de juicio de espectáculo mediático que quiere Trump, me temo no podrá decir lo mismo. Ya veremos.