Con las últimas noticias sobre otra investigación del Negociado federal de Investigaciones (FBI) en importantes secretarías del gobierno, parecería que gran parte del gabinete del gobernador Ricardo Rosselló está en remojo.  El mero dato de que existe una investigación federal no debe llevar a conclusiones prematuras sobre la probidad moral o calidad de los funcionarios involucrados.  Sí levanta otra interrogante.  ¿Ha entendido este gabinete que el juego con las autoridades federales cambió? La falta de ese entendimiento es un problema para ellos, para el gobernador y para Puerto Rico.

El cambio al que me refiero comenzó a cristalizarse cuando el presidente Trump decidió culpar al gobierno local por los fracasos de la recuperación post María. Según la narrativa de Trump, el gobierno federal ha sido bueno con Puerto Rico y le ha dado más recursos que a muchos estados.  Sin embargo, dice el presidente, la incompetencia y la corrupción del gobierno local es lo que hace que en Puerto Rico los problemas se perpetúen y se viva en una crisis permanente.

Esa narrativa, claro está, está basada en un cálculo político de cara a la elección presidencial de 2020.  Trump sabe que el tema de Puerto Rico va a ser usado por los candidatos demócratas en su contra y él ha decidido que necesita un chivo expiatorio.  Ya lo encontró.

La maquinaria federal ha tomado nota del pensamiento de su jefe.  Y, muy casualmente, se han disparado las investigaciones federales por todas las esquinas del gobierno.  Así las cosas, los miembros del gabinete del gobernador tienen que entender que, frente al gobierno federal, el juego cambió. El foco y los recursos federales en la corrupción local se han magnificado.  La lupa es, por supuesto, en los contratos millonarios amañados y las decisiones gubernamentales a favor de allegados y amigos.  Todo esto tiene, automáticamente, bandera roja.   

Un consejo de buena fe: Es momento de tener muy claras las cuentas, de aplicar la mayor rigurosidad, de llevar los contratos a competencia real y abierta y, sobre todo, de tratar con la mayor severidad a los más cercanos. Mientras el equipo del gobernador no entienda esto, todos estarán en remojo.  Las fuerzas policiales federales están al acecho. Su mejor defensa será la honestidad, la rigurosidad, la transparencia, y el juego por encima de la mesa.  Lo demás es echarse la soga al cuello.