La reciente decisión emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de indultar condenas previas por posesión simple de cannabis no es la meta final para evitar el discrimen contra esta planta, pero es un paso más en la dirección correcta. Es asombroso que, aunque en Puerto Rico en la actualidad existe una ley que autoriza el consumo de cannabis medicinal, a nivel federal (bajo la Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA) el cannabis aún continúa catalogado como una droga de calificación Tipo 1, lo cual se define como una droga sin ningún uso médico. Esta calificación Tipo 1, dentro de la cual existen drogas como la heroína, es lo que ha ocasionado que miles de personas actualmente se encuentren con un récord criminal por el simple hecho de consumir cannabis.

Desde un punto de vista laboral y social, estas personas, en su mayoría de escasos recursos, al ser penalizados se les afectó su récord, perdieron empleos y oportunidades de educación y progreso.  Todo esto, en muchas ocasiones, por buscar una alternativa medicinal para atender condiciones de salud para las cuales ningún otro medicamento les era efectivo.  Este indulto de condenas previas, en un momento en que existe escasez de personal y mano de obra en las empresas privadas, puede impactar de manera positiva al mercado laboral, ya que muchas de estas personas, marginadas por el uso del cannabis, podrán conseguir empleos que anteriormente no los tenían como una opción.

Desde un punto de vista social, esto significa un gran paso hacia la despenalización del cannabis y hacia lograr una regulación de uso adulto, la cual debe ser la meta final. Exhortamos a que el gobierno de Puerto Rico aproveche este momento histórico, replique este mandato en la Isla e indulte a todos los que a nivel estatal han sido marginados por posesión de cannabis, logrando de esta manera un impacto económico y social en Puerto Rico.

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