Opinión
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7 de junio de 2025
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Hace aproximadamente 12 años, el gobierno de Puerto Rico dio un paso de avanzada en asuntos de derechos humanos, al permitir que personas sin estatus migratorio regular obtuvieran una licencia de conducir. Fue una política pragmática y ética. Reconocía que estas personas ya vivían entre nosotros, trabajaban, cuidaban familias, y necesitaban desplazarse con seguridad. Fue, además, una medida que favorecía a toda la sociedad: más conductores capacitados, más seguros, más vehículos asegurados.
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