Juan Lara
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Una nueva cara para la Junta de Supervisión Fiscal

Estamos todos en suspenso, pendientes de lo que decidirá el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la Junta de Supervisión Fiscal. La incertidumbre que rodea el tema es intensa, porque, según los especialistas en el derecho constitucional, la decisión final podría incluso afectar los límites del gobierno propio que el Congreso de Estados Unidos nos ha permitido tener desde mediados del siglo pasado.

Pero aún si el Tribunal Supremo opta, como se espera, por remecer el barco lo menos posible, con una decisión que valide lo que la Junta ha hecho hasta el presente y que la mantenga en funciones por unos años más, este organismo federal (o territorial; el tribunal dirá) tendrá una misión redefinida por las circunstancias.

Hay dos hechos que definen el punto de partida para lo que venga a ser la nueva Junta. Primero, que los términos de los miembros actuales ya se vencieron, hace más de un mes. Segundo, que la Junta todavía existente parece haber cumplido una de sus tareas principales, que es la renegociación de la deuda.

A menos que la jueza Laura Taylor Swain rechace los planes de ajuste de la deuda del gobierno central y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo cual no se espera, pronto se pasará la página en lo que concierne a este aspecto del proceso trazado por la Ley Promesa.  A qué se dedicará, entonces, la nueva Junta, que suponemos que será nueva también en su composición, aunque todavía no tenemos nada de información al respecto.

En la agenda de Promesa todavía quedan dos grandes tareas: asegurar un presupuesto gubernamental balanceado y sostenible, y realizar un programa de reformas económicas que ya se han definido en los planes fiscales, pero que todavía no están en operación. Por encima de éstas, queda una misión más grande y prioritaria, que es la reconstrucción de la infraestructura y las viviendas destruidas hace más de dos años por el huracán María.

La reconstrucción, que debe estar en primer plano, no es parte de la misión de la Junta, ni lo debe ser. Aun así, no es factible manejar un programa de transformación fiscal y económica sin que el mismo esté coordinado con el plan de reconstrucción. Este hecho le pone una restricción y una gran responsabilidad a los que vengan a ser los miembros de la nueva Junta.

En los pasados dos años y medio, la Junta existente y el gobierno de Puerto Rico han colaborado más o menos bien en uno solo de los tres grandes componentes de Promesa: la renegociación de la deuda.  En todo lo que tiene ver con balancear el presupuesto gubernamental y realizar un programa de reformas, lo que hemos visto es un conflicto que sube y baja de intensidad, pero no se resuelve.

Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos determina que la ley Promesa debe seguir su curso hasta que se logren los objetivos originales, incluyendo una secuencia de presupuestos balanceados, tenemos todavía Junta para rato. Y sabemos que será una Junta nombrada por el presidente Donald Trump, quien no tiene una actitud constructiva hacia las necesidades de Puerto Rico.

No olvidemos que hay también una posibilidad, aunque ahora parece remota, de que el Congreso retome el tema de Promesa y que se promuevan cambios a la misión y operación de la Junta. Para empezar, no estaría nada de mal que se le pasara la factura por los gastos de la Junta al Tesoro de Estados Unidos, como propone el congresista Raúl Grijalva, sobre todo si el Tribunal Supremo decide ponerle a la Junta la etiqueta de organismo federal.




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