En momentos en los que nuestra Isla enfrenta el mayor de sus retos fiscales y que, todas y todos trabajamos intensamente por salir adelante, un grupo de organizaciones se destaca y merecen toda nuestra admiración y respeto.  Se les conoce como el tercer sector. Organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios complementarios a diversas poblaciones y otros que, en muchos casos, el gobierno no ofrece.

Servicios de educación, salud, asistencia a envejecientes, prevención de maltrato a menores y a la mujer, desarrollo de autogestión y sostenibilidad comunitaria, son solo algunas de sus aportaciones.

De acuerdo a un estudio realizado en el 2015 por la firma Estudios Técnicos, Inc., sobre las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, existen cerca de 11, 570 organizaciones de ellas operando en la Isla, de las cuales 2,545 son de base comunitaria. Según el estudio, se estima que en el año 2014 estas organizaciones impactaron a unas 700,000 personas, con servicios vinculados a las poblaciones y áreas de mayor necesidad.

Lamentablemente los retos presupuestarios han reducido las aportaciones del Gobierno y de la empresa privada a estas organizaciones, pero no el compromiso de identificar otras vías para ayudarles a mantener su estabilidad.

El gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló, ha tomado medidas afirmativas para beneficiar a las entidades sin fines de lucro. Ejemplo de ello es el proyecto para enmendar la Ley 22 para que los inversionistas y otros beneficiarios de la misma, tengan que aportar $5,000 todos los años a entidades sin fines de lucro.

Por otra parte, La Ley 10 creó la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario para facilitarle los servicios a esas entidades y la Ley 26 faculta al gobierno a traspasar sus propiedades en desuso a entidades sin fines de lucro. 

Desde la Legislatura estamos haciendo lo propio. Esta servidora, se unió al senador independiente, José A. Vargas Vidot, para radicar el Proyecto del Senado 381, que instituye un fondo de inversión dedicado a estimular el empresarismo comunitario, cuyo presupuesto se nutriría de parte del arbitrio del ron.  El objetivo es propulsar el empresarismo en lugar de la dependencia de a quienes sirve.

Ante la inquietud expresada por el Ejecutivo, que favorece la medida, pero entiende que el presupuesto no debe salir de dicho arbitrio, realizaremos vistas ejecutivas con diversas agencias que nos ayuden a identificar de dónde podrían provenir los fondos.

Pero escuchar a los representantes de estas organizaciones es crucial para conocer sus necesidades reales.  Por lo que más allá del proyecto de ley, los hemos convocado a formar parte del proyecto de la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado que preside esta servidora, denominado como CReSE -por las siglas de la Comisión- cuyo objetivo es escuchar los retos que enfrentan diversos sectores empresariales y sus ideas sobre qué debe hacer el gobierno para promover su desarrollo. 

Le corresponde, además, a la empresa privada, retribuir el respaldo del Pueblo, tomando en consideración a las entidades sin fines de lucro en sus planes de responsabilidad social empresarial.

Es hora de que el tercer sector sea uno de los primeros en nuestras prioridades, pues gracias a su tenacidad y a su gestión desprendida, ha servido mucho y bien a las puertorriqueñas y puertorriqueños.