L a transparencia en la función pública tiene que ser pilar de cualquier gestión gubernamental. En el nuevo Puerto Rico, que juntos estamos construyendo después de los estragos causados por los históricos huracanes Irma y María, no puede haber espacio para ningún tipo de acción inapropiada.

Recientemente, el Congreso aprobó un paquete de ayuda para la isla, sin precedentes en nuestra historia. Alrededor de $16,000 millones estarán llegando para ser utilizados en obras de reparación y construcción de vivienda, el inicio de la construcción de una nueva red eléctrica, la reparación de cientos de puentes y millas de carreteras, así como la rehabilitación de las facilidades gubernamentales afectadas por los huracanes, entre otras asignaciones.

Este desembolso millonario podría ser visto por algunos elementos inescrupulosos como una oportunidad para hacer fortuna y eso no lo podemos permitir. Con esta inversión, seguro vendrá el mal social que muchos conocen como el inversionismo político. Es por eso que hemos redoblado esfuerzos para detener esta indeseable práctica.

Para esto, desde hace ya casi una década, he estado trabajando e impulsando la creación de un Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de regular, de manera más estricta, esta profesión. Entiendo que ahora, más que nunca, se hace imperativo establecer esos parámetros.

Actualmente en Puerto Rico no existen regulaciones para delinear las acciones del cabildeo. Literalmente están por la libre.

Los cabilderos son individuos que, por motivación personal o por remuneración de otros, realizan esfuerzos por influenciar o intervenir en los procesos gubernamentales y de toma de decisiones. El cabildeo tiene su raíz conceptual en la serie de ensayos conocidos como ‘Los Papeles Federalistas’ y que fueron publicados en 1788 por los padres de la Constitución de Estados Unidos. En ese escrito, ellos manifestaron que los cabilderos son esenciales en las democracias reales y que, de ser necesario restringirlos, las mismas deben lograrse mediante la plena competencia entre los diferentes grupos y a través de la aplicación de las esferas gubernamentales, según sea ordenado.

El cabildeo es parte esencial de cualquier gobierno democrático como el nuestro, ya que esta figura garantiza, en teoría, el acceso de todos los ciudadanos a los procesos decisionales del Gobierno. Lamentablemente, también es correcto afirmar que a través de los años estos han adquirido un enorme poder dentro de las ramas ejecutiva y legislativa.

El cabildero debe tener también la obligación de rendir informes detallados sobre cada una de sus funciones y los resultados de las mismas.

Por eso es que nuestra iniciativa requiere que todo cabildero así registrado en las Secretarías de los Cuerpos Legislativos correspondientes, así como en el Departamento de Estado para los cabilderos de la rama ejecutiva, sometan un informe trimestral notariado, en el cual se consignarán sus actividades y los resultados de las mismas.

Para asegurarnos que el proceso sea limpio y transparente, ningún contratista del gobierno, sea en la rama ejecutiva o legislativa, podrá ejercer las funciones de cabildero. Las cosas se tienen que hacer en el marco de la ley. Es por eso que debemos mirar otras acciones para limitar, lo más posible, el inversionismo político en el gobierno.

La nueva realidad de Puerto Rico requiere total trasparencia y ese es mi compromiso con el pueblo.