La Corte Suprema de Estados Unidos ha resuelto que la composición de la Junta de Supervisión Fiscal no viola la Constitución federal, aunque fue designada por el presidente sin el consejo y consentimiento del Senado.

En la audiencia de este caso en la Corte hace siete meses y medio, la discusión se había centrado en si los integrantes de la Junta son funcionarios “federales” o “territoriales”. De las preguntas que hicieron los jueces, se podía prever su decisión: son funcionarios territoriales no sujetos a consentimiento senatorial. Había expectativa de que la Corte revocara la doctrina de los casos insulares y el ejercicio de poderes plenarios sobre Puerto Rico, una posesión que no es parte de Estados Unidos. Los jueces Stephen Breyer y John Roberts sugirieron que se debía resolver el caso a base de la cláusula de nombramientos, sin tocar los casos insulares. Pronostiqué que revocarían la decisión inferior. Así fue, sin un solo voto en contra.

El juez Breyer escribió la opinión. La cláusula de nombramientos de la Constitución federal gobierna las designaciones de funcionarios federales, incluyendo los que ejercen en Puerto Rico. Pero la cláusula territorial de la Constitución le permite al Congreso crear cargos dentro del gobierno de Puerto Rico sin nombramiento presidencial, y sin consejo y consentimiento del Senado. Por ley federal se crearon cargos en la Ley Foraker de 1900, la Ley Jones de 1917 y la Ley 600 de 1950, que permitió que Puerto Rico redactara una “constitución” que el Congreso aprobaría.

Así mismo, el Congreso aprobó Promesa, y creó la Junta de Supervisión como entidad del gobierno de Puerto Rico, y no una entidad federal. “La Junta funciona como gobierno local”, sentenció la Corte.

Algunos aspectos de esta decisión se deben resaltar. Es curioso que para explicar la aprobación de la ley Promesa, la Corte indica que por ley federal habían terminado en 2006 los incentivos contributivos para la inversión estadounidense en Puerto Rico, lo que provocó el incremento catastrófico de la deuda pública y el comienzo de la depresión económica que sufrimos desde entonces. Añade la Corte que por ley federal a Puerto Rico se le había prohibido reestructurar su deuda pública desde 1984. Y por último, se aprobó la ley federal Promesa, con la complicidad de los partidos que se han turnado en el poder, como mecanismo para viabilizar la quiebra y reestructuración de la deuda. Recuerdo cuando se decía que “si no fuera por los americanos nos moriríamos de hambre”. Ahora la Corte Suprema admite que por leyes de los americanos nos estamos muriendo de hambre.

Quizá lo más significativo de esta decisión aparece en sus párrafos finales. “No tenemos que considerar … la solicitud de que revoquemos los muy criticados “casos insulares” …. Tampoco necesitamos considerar la doctrina de funcionario “de facto” …. Finalmente … no necesitamos decidir cuestiones sobre laLey de Relaciones Federales y la Ley Pública 600”. Es decir, la Corte ha decidido que el Congreso, en el ejercicio de su poder plenario Puerto Rico, puede aprobar leyes que no cumplen con disposiciones que limitan los poderes congresionales, y explícitamente mantiene intacta la doctrina constitucional que le permite a Estados Unidos gobernar a nuestro país, un territorio no incorporado que no es parte de los Estados Unidos.

La Corte Suprema nunca ha invalidado una ley federal que el Congreso haya aprobado bajo sus poderes territoriales. Con esta decisión, traiciona los valores libertarios que inspiraron la creación de su república a fines del siglo XVIII, reitera las ambiciones imperiales de personajes como Roosevelt y McKinley a fines del siglo XIX, violenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico, que rechazó la territorialidad en 2012, y constitucionaliza una vez más el colonialismo en Puerto Rico, en violación de nuestro derecho inalienable a la libre determinación e independencia.