He sido funcionario en dos de los tres Poderes de Gobierno: el Ejecutivo y el Judicial. Primero, cuando llegué a laborar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el encargado de la propiedad me hizo firmar un documento en que estaban listados los equipos y libros que estarían a mi cargo: escritorios, maquinillas, libreros, libros. Días antes de irme a La Fortaleza, el encargado de la propiedad hizo un inventario de lo que se me había entregado al llegar y notó que faltaba un libro. Lo busqué como aguja y no apareció. Recuerdo que, antes de irme, tuve que hacerle un cheque al Secretario de Hacienda por el importe del libro. Meses después, organizando mi biblioteca personal en mi hogar, apareció entre mis libros y lo devolví.

Después, en La Fortaleza pasé por un procedimiento similar: firmar un recibo por el equipo asignado a mi oficina de ayudante especial y, tres años después, al regresar al Poder Judicial, tuve que firmar otro documento por el equipo que dejaba. Eso permitió constatar que no había ningún equipo “desaparecido”; que devolvía justamente lo que se me había asignado.

De vuelta en el Poder Judicial, se me hizo firmar por la propiedad que recibía. Y todos los años, el encargado de la propiedad y la bibliotecaria hacían un inventario de equipo y libros en las oficinas de los jueces y juezas. La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) vela por la preservación y buen uso de los equipos y libros adquiridos con fondos públicos. Tanto es así que, cuando me fui a jubilar, retuve mi carnet de identificación para mi álbum familiar, como un recuerdo de mi paso por la judicatura. Días antes de ser efectiva mi partida “a la libre comunidad” recibí una llamada de la OAT en la que se me “orientaba” de que si no devolvía el carnet, no recibiría mis cheques de liquidación de vacaciones regulares y de enfermedad acumuladas. Tuve que argumentar por escrito que el carnet no era “equipo” y que mi único interés era conservarlo en el álbum familiar, no para hacerme pasar por juez sin serlo. Me lo autorizaron y luego me enviaron los cheques.

En ninguna de las ocasiones en que cambié de escenario de trabajo en el Gobierno hubiera podido llevarme para mi casa una tableta digital sin responder por ella. Si no hubiera aparecido al irme, me la habrían cobrado.

Entonces, ¿por qué fue posible la desaparición de La Fortaleza de los artículos que se dijeron haberse esfumado sin dejar rastro? Porque evidentemente en La Fortaleza del señor Ricardo Rosselló no se tenían controles administrativos eficaces para evitar el robo o la “pérdida” de la propiedad pública, o, si los tenían por escrito, no los ejecutaban en la práctica. El hecho de que se trate de equipo de valor de poca monta no es lo importante, sino el hecho de apropiarse de propiedad pública. Recuérdese el legislador que fue a la cárcel por un acondicionador de aire de $600, o el que fue acusado por utilizar la computadora de su oficina del Capitolio para redactar escrituras notariales. Se trata simplemente de conducta intolerable en un funcionario o empleado público. Con ello se procura enviarles un mensaje claro a funcionarios y empleados públicos de que la propiedad pública es para uso público, no privado, y que no observar esta norma puede acarrear consecuencias muy graves.

En el caso de las tabletas recuperadas recientemente será fácil determinar si, en efecto, se trató de un error u olvido, pues, gracias a la tecnología digital forense se podrá determinar si las tabletas fueron usadas durante el tiempo en que estuvieron “desaparecidas”. La devolución del equipo a La Fortaleza no es eximente de responsabilidad penal, la cual se impone meramente por “usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa que no le pertenece, en forma temporal o permanente” (arts. 14 y 181, Código Penal). Resta la pregunta: ¿y quién firmó por la propiedad que falta?