Recientemente se presentó el presupuesto consolidado de Puerto Rico para el año 2020-2021 el cual alcanzó niveles históricos por su cuantía. Se justificó considerando los gastos adicionales necesarios para atajar la crisis social y económica causada por el COVID-19.

El presupuesto consolidado cuenta con tres componentes básicos: el Fondo General, el Fondo de Ingresos Especiales y los Fondos Federales. Para este año, la gobernadora Wanda Vázquez propuso un presupuesto de $28,200 millones. El presupuesto consolidado no había alcanzado dichas cantidades desde el año fiscal 2013-2014, que fue de $28,972 millones. En años recientes el más que se acercó fue el del año fiscal 2018-2019 con $25,200 millones.

El componente principal del presupuesto es el Fondo General que incluye lo que se cobra por concepto de contribuciones por el Departamento de Hacienda, los recaudos por licencias y los ingresos de la Lotería. Para este año se propuso un Fondo General de $10,214 millones. La cantidad propuesta es una sin precedentes pues el más cercano había sido $10,170 millones en el año fiscal 2015-2016. La Junta de Supervisión Fiscal propuso un Fondo General de $10,045 millones con una reducción de $170 millones.

Además está el Fondo de Ingresos Especiales que incluye los ingresos propios, fondos especiales estatales y otros ingresos. Los ingresos propios incluyen lo que recibe el gobierno por el cobro de sus servicios, las corporaciones públicas como lo serían la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Fondo del Seguro del Estado. En Fondos Especiales Estatales se incluyen los fondos cobrados para propósitos específicos incluyendo la porción del IVU que se destina para el pago de COFINA. Para este año el gobierno propuso un Fondo de Ingresos Especiales de $8,446 millones, un número que ha sido superado en años anteriores.

El tercer componente son los fondos federales. Esto incluye lo recibido del gobierno federal para programas educativos, de salud, bienestar social, empleo e inversiones en infraestructura. Para el año 2020-2021 se propuso sea de $9,553 millones.

Un presupuesto de esta magnitud presenta grandes retos. El primer reto es si los recaudos contributivos que se incluyen en el Fondo General y en el Fondo de Ingresos Especiales (la porción de IVU de COFINA) podrán alcanzar los niveles necesarios. Hay que señalar que Hacienda logró recaudar $11,300 millones en el 2018-2019, que también es una cantidad nunca antes vista. Las razones pueden ser una combinación de mejor fiscalización, la llegada de fondos de reconstrucción luego de los huracanes y una leve mejoría en ciertos sectores comerciales. De acuerdo a los cómputos de la Junta los recaudos contributivos sufrirán una reducción de 12% para el año 2020-2021 y por eso es que lo estiman en $10,200 millones. Nos preocupa que usen de punto de partida un año con recaudos particularmente altos, que podrían serno recurrentes.

Lo segundo es que el año fiscal comienza el 1 de julio y aún no es claro el efecto de la pandemia en el sector comercial. Muchos negocios no han podido reestablecer sus operaciones, y están subsistiendo gracias a drásticas medidas de austeridad y el recibo de ayudas gubernamentales. Un estudio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Metlife del 3 de junio, reflejó que el 60% de las pymes en Estados Unidos permanecían total o parcialmente cerradas. Además, varias industrias como lo son restaurantes, hoteles, servicios médicos, ciertos servicios personales y transportación han visto sus operaciones afectadas de forma significativa. Y no se puede negar que la situación a afectado a todas las empresas. A la luz de esos factores, surge la duda si se podrán alcanzar los recaudos necesarios para sostener el presupuesto propuesto.

El tercer punto es que no sabemos si está contemplando el impacto económico de la reciente alianza público privada que se hizo por parte de la AEE. Obviamente la AEE es un componente sumamente importante en el Fondo de Ingresos Especiales. Aquí el ajuste podría ser positivo o negativo dependiendo del resultado del acuerdo.

En cuarto lugar, el presupuesto depende grandemente de un aumento en las Transferencias de Fondos Federales a Puerto Rico como consecuencia de las recientes legislaciones federales aprobadas. Esas transferencias se deben analizar con cuidado pues hay transferencias que no son parte del presupuesto y van directamente a las personas. Esto incluye lo que serían los fondos de los préstamos que se condonan bajo el Paycheck Protection Program (PPP) del Small Business Administration, los créditos reintegrables otorgados por las licencias con paga de Family First o el Crédito de Retención de Empleo Federal.

Por otro lado, bajo el Coronoavirus Relief Fund se asignaron $2,200 millones al gobierno de Puerto Rico para lidiar con la crisis y esa cantidad, por ser una transferencia directa, sí se consideraría como parte del presupuesto. Aun el Congreso Federal está considerando el proyecto de ley conocido como HEROES que podría asignar cantidades adicionales sustanciales para la isla.

Nuestra preocupación final es que un presupuesto de esta magnitud aunque necesario por la situación de la pandemia no es económicamente sostenible a largo plazo. Sin duda el gobierno tiene que tomar acción contundente para controlar sus gastos. Pero para recuperar nuestra salud fiscal resulta indispensable aumentar el desarrollo económico y que este sea el motor que permita el poder sostener, de ser necesario, un presupuesto agrandado.