Ante las multimillonarias asignaciones de fondos federales encaminadas a la reconstrucción de Puerto Rico, la industria de la construcción se encuentra a las puertas de un resurgir de este sector de la economía; un resurgir que conlleva retos tales como la falta de mano de obra.

Las asignaciones rondan los $80,000 millones provenientes de diversos programas de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, en inglés). Se trata de dinero separado para la isla, luego del impacto de los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos en 2020 y la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el ingeniero Eduardo Pardo, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGC, en inglés), esa multimillonaria inyección –que entra a la isla poco a poco, a medida que se inician los proyectos reconstrucción e infraestructura– tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y de generar mayor interés en Puerto Rico como destino de inversión.

Agregó que ese potencial es aún mayor, si se promueve la contratación de obreros, contratistas, suplidores y empresas de Puerto Rico.

“Es bien importante impulsar a la industria local. Por eso, estamos tratando de llevar la voz a entidades del Gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal para que promuevan la contratación de compañías locales y la compra de productos que se hagan en Puerto Rico para incentivar la economía local y hacer un mejor uso de los fondos federales”, esbozó Pardo, quien, desde enero pasado, preside el capítulo de Puerto Rico de la AGC.

Mencionó que la Ley Stafford, estatuto que rige la mayoría de las actividades de respuesta a desastres, dispone, en su sección 307, que, en el gasto de fondos federales para la limpieza de escombros, distribución de suministros, reconstrucción y otras actividades importantes de asistencia, “se dará preferencia, en la medida de lo posible, a aquellas organizaciones, empresas e individuos que residen o hacen negocios principalmente en el área afectada por tal desastre o emergencia mayor”. El propósito es aprovechar las labores de reconstrucción para poner a mover la economía de esas áreas.

En el caso de fondos estatales, recordó que la Ley 42 de 2018, conocida como la Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción, establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico que, en cuanto a la compra y la contratación de servicios de construcción, se reservará, al menos, un 20 % de dichas compras y contrataciones a negocios o proveedores locales. Mientras, la Ley 14 de 2004 –Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña– dispone que las agencias del gobierno central reservarán, al menos, un 15 % de sus compras y contrataciones para servicios rendidos en Puerto Rico o artículos extraídos, producidos, manufacturados, ensamblados o envasados en la isla.

“Ha habido muchos artículos de economistas hablando de una posible recesión económica en Estados Unidos y en todo el mundo, aclarando que Puerto Rico puede salvarse, gracias a los fondos federales para la reconstrucción, si se usan en la contratación de compañías locales para que ese dinero se quede en Puerto Rico”, manifestó Pardo. “Lo promovemos en todos nuestros foros y reuniones con el Gobierno”.

De hecho, “Impulsando la Industria Local” es el lema de la próxima Convención Anual de la AGC, que tendrá lugar del 8 al 11 de septiembre 2022, en El Conquistador Resort, en Fajardo. El evento, al que se espera una asistencia de entre 600 y 700 personas de la industria de la construcción, comenzará el jueves, 8 de septiembre, con un torneo de golf. Al día siguiente dará inicio la exhibición de productos y equipo pesado, donde habrá exhibidores y oportunidades de networking para suplidores, contratistas, subcontratistas y otros profesionales del sector.

Además, el viernes y el sábado se llevarán a cabo conferencias y foros sobre temas tales como energía, mano de obra, desarrollo económico y el estado actual de los esfuerzos de reconstrucción de la isla.

“Es bien importante impulsar a la industria local. Por eso, tratamos de llevar la voz a entidades federales y de Puerto Rico para que promuevan la contratación de compañías locales y la compra de productos que se hagan en Puerto Rico, porque, de no hacerlo, no estamos haciendo un buen uso de los fondos federales”, dijo Pardo, en alusión a la ley federal Stafford.

Aunque desde hace cinco años se ha estado asignando dinero federal para trabajos de reconstrucción, no es hasta el presente año que se ha visto un incremento en la cantidad de proyectos que salen a subasta.

“Debido a la pandemia, llevamos años esperando a que un volumen grande de proyectos empiece a correr”, apuntó el ingeniero, refiriéndose al detente en labores que supuso la emergencia del COVID-19.

El Plan Fiscal más reciente de la Junta de Supervisión Fiscal estima que se realizarán desembolsos federales de recuperación hasta el año fiscal 2035. Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, será en el 2023 cuando se registre un pico en las labores, porque es cuando arrancarán más proyectos grandes.

A la luz de estos estimados, Pardo ve con optimismo el futuro de la economía local, pues una mejor infraestructura puede atraer más inversiones a la isla. Sin embargo, anticipó retos.

“En el 2023 habrá más proyectos saliendo y ahí tenemos un problema, que es la falta de personal para hacer el trabajo”, sostuvo el portavoz.

Mencionó que la industria de la construcción emplea actualmente a 30,000 personas en el país, pero se necesitarán 40,000 adicionales para lidiar con el alto volumen de proyectos de reconstrucción que saldrán en los próximos años. En Puerto Rico no hay tal cantidad de obreros, debido a que el sector lleva 15 años en decrecimiento.

“En ese tiempo se perdió mucho personal diestro que se mudó fuera de la isla, se retiró o se movió a otro tipo de empleo”, explicó, al agregar que, “ahora que la industria está resurgiendo, hay que atraer a los trabajadores que se habían ido y atraer a generaciones nuevas a empezar a adiestrarse en este campo. Para eso, estamos haciendo esfuerzos con entidades privadas y sin fines de lucro que proveen adiestramiento de construcción y los estamos promoviendo entre nuestros socios”, abundó Pardo.

Como prevé que estos esfuerzos no serán suficientes para llenar las 40,000 plazas que se necesitan, una de las opciones sobre la mesa es que el Gobierno de Estados Unidos apruebe para la isla el Significant Public Benefit Parole Program, un permiso para que personas que viven en territorio estadounidense bajo un estado migratorio indefinido, puedan insertarse en la economía formal.

“Son personas que ya viven en Puerto Rico y pudieran aportar a la reconstrucción”, dijo, sobre la propuesta, que aún no ha recibido el aval federal.

Descartó que traer obreros de Estados Unidos y otros países sea una alternativa viable en este momento, pues en los estados también hay falta de mano de obra en el sector de la construcción.

“Se han mencionado las visas H2B (que permiten a empleadores traer temporalmente personal extranjero a Estados Unidos y sus territorios). Estas pudieran ayudar muy poco, porque es un proceso bien competitivo que solo provee visas a 66,000 personas al año de todos los estados y territorios”, expuso.

Aunque está latente el riesgo de que se retrase la reconstrucción con fondos federales por falta de mano de obra, Pardo se mantiene esperanzado.

“No estamos viendo ahora un impacto inmediato de los trabajos, pero mejorar la red eléctrica y de agua va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y va a redundar en la llegada de más fábricas, empresas y centros de trabajo”, aseguró.