El 20 de septiembre de 2017 el huracán María —que había sido precedido por Irma— devastó el archipiélago y ocasionó miles de muertes, entre decesos directos por el embate y otros por los efectos del huracán en el acceso a servicios médicos, por ejemplo. Desde entonces, Puerto Rico transita un complejo camino hacia la recuperación y la reconstrucción.

A continuación, entrevistamos a personas vinculadas por su profesión y experiencia al urgente asunto de convertir a Puerto Rico en un país sostenible y de resistencia sistémica.

“Puerto Rico está sumamente vulnerable, incluso más que cuando azotó el huracán”, expresó para apuntar que aún hay muchas edificaciones que no han sido reconstruidas o restauradas.

Ante la gran cantidad no solo de viviendas sino de inmuebles no residenciales afectados por el huracán María, alertó en que no había un plan de acción para la preservación de los mismos. De igual forma, detalló otras vulnerabilidades que han sido desatendidas por años como la proliferación de las construcciones informales que no siguen los códigos de diseño y permisología.

Al respecto, cabe destacar que la sociedad civil ha señalado y denunciado que la construcción improvisada es un efecto de la falta de vivienda digna y asequible que el Estado no ha logrado garantizar.

También, construir en zonas de riesgo es un problema grave para la seguridad de las personas y la protección del patrimonio. “Se notan muy acelerados los cambios en la geomorfología”, dijo para advertir sobre las consecuencias del cambio climático y la importancia de repensar el turismo que históricamente ha sido orientado hacia la costa.

Otra de las áreas críticas que la entrevistada resaltó fue la infraestructura del sistema eléctrico, así como la importancia de atender el sistema de carreteras para que no haya comunidades aisladas ante la llegada de un evento meteorológico.

“Haber sobrevivido a ese huracán no nos ha llevado a tener una cultura de emergencias. Nos convertimos en sobrevivientes”, aseguró y reafirmó la necesidad de incorporar la prevención y la preparación en nuestro día a día.

Asimismo, invitó a que el plan de reconstrucción considere la importancia de volver a habitar la ciudad. Esto implica la conservación del patrimonio y la revitalización de los espacios.

“Tristemente, estamos con la misma infraestructura débil”, sostuvo.

Sin duda, la recuperación debe estar dirigida a lograr lo que se ha denominado resiliencia de país. De esta manera, puntualizó que aun cuando ya han salido proyectos a subasta y el proceso está encaminado, todavía Puerto Rico no está preparado para enfrentar adecuadamente la temporada de huracanes.

Según Pardo, tanto la vivienda como el mejoramiento de la infraestructura eléctrica son asuntos apremiantes que deben tratarse con prioridad. “Los contratistas locales podemos y queremos aportar a mejorar el sistema eléctrico”, aseguró.

En el caso de LUMA Energy, el ingeniero comentó sobre el rechazo de las empresas locales a ciertas cláusulas contractuales impuestas por la compañía y la decisión arbitraria de esta sobre la cancelación de los contratos.

Acerca de los trabajos para el robustecimiento del sistema, subrayó que no han habido avances destinados a optimizar su capacidad de resistencia ante fenómenos naturales.

En cuanto a la falta de mano de obra necesaria para la labor de recuperación, la Asociación de Contratistas Generales promueve que se acoja la iniciativa federal de permiso de permanencia por razones de beneficio público significativo para incrementar la cantidad de personas que trabajan en los proyectos de reconstrucción.

Además, la Asociación ha logrado acuerdos colaborativos con varias organizaciones como Habitat for Humanity para proveer adiestramientos sobre construcción e incorporar más gente a la industria.

De otro lado, enfatizó en el valor de los programas vocacionales dirigidos a la construcción e instó al Departamento de Educación a restituirlos.

Por su parte, compartió que la meta sería que para 2024 Puerto Rico haya adelantado el proceso para alcanzar la resiliencia.

“Entiendo que como país hemos adelantado desde el aspecto familiar y el nivel de conciencia sobre la importancia de la preparación”, opinó.

De otro lado, la entrevistada compartió su preocupación por la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la población de edad avanzada en Puerto Rico, ligada a problemáticas sociales como el alto nivel de pobreza, el aislamiento y la falta de acceso a recursos y apoyo.

Tal como indica el estudio Cerrar las brechas: Preparación para las catástrofes, respuesta y recuperación para las personas mayores, de la Cruz Roja, esta población es la que tiene la mayor proporción de víctimas durante y después de las catástrofes naturales en comparación con personas más jóvenes.

De acuerdo a información publicada por el Departamento de Salud de Puerto Rico y en referencia a datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, para el 2019 la cantidad de personas de 60 años o más fue de 888,786. Esto representa un aumento si se compara con la cifra de 760,075 en 2010. Igualmente, ha habido una disminución en la población de 0 a 14 años.

“Los municipios hacen una labor sumamente importante tanto en la preparación como en la respuesta. A nivel central se han trabajado diferentes iniciativas y planes, pero me parece que hay oportunidad de mejorar”, expuso.

Para esto, la Cruz Roja Americana ha propuesto una serie de medidas basadas en investigación, entre las que se encuentra la creación de un registro de personas de edad avanzada para identificar quiénes son y dónde se encuentran para coordinar diligentemente las ayudas al momento de responder a una emergencia.

“Hay una oportunidad para que las agencias [estatales y municipales] trabajen de forma más coordinada y eso incluye al tercer sector”, finalizó.

“En general, Puerto Rico está igual de preparado que en 2017. Hay mucho trabajo por hacer”, apuntó. Entre los sectores de mayor impacto que considera urge atender están el sector energético, la infraestructura de transportación y el sistema de acueductos y alcantarillados.

De esta manera, advirtió que no ha habido mayor avance en el proceso de reestructuración del sistema de energía eléctrica y que luego del huracán solo se trabajó para restaurar el servicio.

Con relación a las preocupaciones que comparte el Instituto, está la escasez de mano de obra; por lo que retener a las personas recién graduadas para que permanezcan y trabajen en Puerto Rico e incentivar a quienes han emigrado a regresar debe ser un asunto importante a tener en cuenta.

Asimismo, enfatizó en la importancia de la proactividad en el plan de acción nacional, en el que se destine presupuesto para la conservación y el mantenimiento de la infraestructura.

Mediante la hoja de ruta Debate Infraestructura 2030 que difundió el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) para la reconstrucción sostenible, se destacaron múltiples propuestas como la necesaria transición hacia las fuentes de energía renovable. Otras fueron la transformación de la red de distribución del sistema eléctrico en una red inteligente, la reducción de la pérdida de agua en el sistema de distribución, la viabilización del desarrollo de transporte colectivo y la reevaluación de las estrategias de reciclaje, entre tantas más.

“En algunos aspectos estamos más preparados. Ya conocemos lo que es un huracán catastrófico y tenemos un conocimiento sobre las necesidades”, aseveró.

Así, la experta confirmó que más personas han mostrado interés en educarse sobre el tema y hay una mayor conciencia.

No obstante, coincidió en que el sistema de energía eléctrica es muy frágil y “no tenemos resiliencia energética”. Advirtió igualmente sobre los problemas en la distribución del agua y el mantenimiento de los embalses. “En esos servicios básicos es donde veo que hay grandes oportunidades”, destacó.

En el informe Diagnóstico de vulnerabilidad de la cuenca y el sistema del estuario de la bahía de San Juan ante el impacto de huracanes, del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan 2020, Brenda Torres Barreto señaló que: “La deforestación y la sedimentación arrastrada por escorrentías e inundaciones provocadas por el huracán María han comprometido el sistema de embalses y represas”.

A su vez, Monzón agregó que la construcción desmedida en las costas es un asunto que tiene que evitarse. Igualmente, enfatizó en la responsabilidad de atender la salud mental y emocional de la población, y la importancia de la empatía.

“Lamentablemente, no tenemos una cultura de emergencias”, comentó. “Todos tenemos que aspirar a un Puerto Rico más resiliente, pero eso no se hace solo”.

De esta manera, instó a desarrollar un estilo de vida consciente de la importancia de la prevención y responsable con los retos que tenemos por delante.

“Hace falta voluntad para tomar decisiones concretas que impacten positivamente a largo plazo y de manera sostenible”, dijo.

Acerca de las mayores fragilidades, estuvo de acuerdo en que el sistema de energía eléctrica está en un punto muy débil y que las acciones que se han tomado luego del huracán han sido insuficientes.

De la misma manera, planteó la preocupación por la construcción informal —que según datos que ha compartido la Asociación alcanza el 55 % de los hogares en Puerto Rico— y la falta de vivienda asequible. En un escrito de su autoría en la página web de la entidad, la entrevistada publicó que: “Recientemente hemos visto cómo se ha reducido el inventario de viviendas que existía en la isla hasta el punto de que ahora es más la demanda que la oferta en todos los renglones”.

Ciertamente, la escasez de mano de obra y el aumento en el costo de materiales, del petróleo, de manufactura y maquinaria han complicado el panorama para la construcción de viviendas nuevas.

Actualmente, la Asociación trabaja para desarrollar alianzas con el tercer sector en la creación de programas de capacitación para que más personas se incorporen a la industria de la construcción y acuerdos con diversas organizaciones para fiscalizar el uso de los fondos federales en la reconstrucción. Mantiene comunicación con la rama legislativa para discutir proyectos de ley que impacten a su industria y a otras relacionadas, como el turismo y la manufactura, y propone iniciativas para fomentar el ease of doing business en Puerto Rico, que se refiere a los parámetros que determinan la facilidad para hacer negocios en un país.

“Tomando como métrica la cantidad de proyectos de recuperación que aún faltan por realizarse y los proyectos de mitigación y revitalización de nuestras ciudades que aún están en la mesa de dibujo, no estamos preparados para enfrentar otro evento similar al huracán María”, argumentó.

Así pues, afirmó: “Podríamos decir que Puerto Rico está preparado para comenzar a prepararse”.

Sobre los esfuerzos y los objetivos encaminados a la recuperación, la sostenibilidad integral y la proactividad, la entrevistada indicó que es imprescindible reanudar la política pública de planificación urbana.

Desde luego, resaltó que ningún aprovechamiento económico debe ir por encima de la seguridad de la población y la protección de los recursos, y que debe evitarse la construcción en zonas de riesgo.

Con relación a esto, FEMA, en coordinación con la Junta de Planificación, ha desarrollado unos mapas de zonas inundables con información actualizada. Mediante esta herramienta —cuyo propósito es servir de guía al momento de construir— se identifican las áreas que se encuentran en nuevas zonas inundables y los niveles de inundación recientes.

También, manifestó que: “Puerto Rico debe internalizar una cultura de mantenimiento de sus estructuras y no de reparación de estas cuando ya es muy tarde o sumamente costoso realizar las mismas”.

Por último, Frontera Muñoz destacó la importancia de transformar el sistema eléctrico para convertirlo en uno sostenible y de acceso universal, basado en la energía solar fotovoltaica en techos y sistemas de almacenamiento.