El ataque terrorista de 2015 en San Bernardino dejó un saldo de 14 personas muertas. (AP)

Los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur), Tom Cotton (Arkansas) y Marsha Blackburn (Tennessee) sometieron hoy un project que busca forzar a las empresas de tecnología a decodificar la información cifrada de un usuario de recibir una orden judicial solicitando acceso a los datos.

La Ley de Acceso a Información Cifrada, de ser aprobada, obligaría a compañías como Apple, Microsoft y Google (entre muchas otras), y a proveedores de servicio, a ayudar a las agencias de ley y orden en sus esfuerzos por tener acceso a los datos codificados de personas si dicha acción ayudase a acatar una orden judicial.

Graham, presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado federal, indicó que "terroristas y criminales, rutinariamente, utilizan la tecnología, ya sea teléfonos móviles, aplicaciones u otros métodos, para coordinar y comunicar sus actividades diarias. En años recientes hemos experimentado casos y actividades criminales en las que información vital no pudo ser recopilada, incluso después de emitirse órdenes judiciales. Desafortunadamente, las compañías de tecnología han rehusado acatar dichas órdenes y asistir a las autoridades. Nuestra legislación respeta y protege los derechos de privacidad de todos los ciudadanos que siguen las leyes", sostuvo Graham.

La medida le permitiría al Departamento de Justicia federal solicitarle a una compañía una explicación de cómo cumplirían con una orden judicial, además de pedirles que definan el tiempo que requerirían para implementar un sistema de decodificación o lo que se conoce como un "backdoor", una modificación al código base de un programa o aplicación que permite derrotar las medidas de seguridad implementadas por el desarrollador.

Además, el Departamento de Justicia federal tendría la potestad de organizar una "competencia" que recompensaría a la persona o personas que creen una solución para acceder información cifrada mientras se protege la privacidad y seguridad del usuario.

No es la primera vez que el gobierno federal intenta forzar la mano de las empresas de tecnología como parte de investigaciones criminales. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) demandó a Apple luego del ataque terrorista de 2015 en San Bernardino, California. Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik planificaron y llevaron a cabo un tiroteo en una actividad para los empleados del Departamento de Salud de la ciudad. La pareja, que asesinó a 14personas e hirió a otras 22, falleció en medio de un tiroteo con efectivos de la policía luego de una persecución.

Según el FBI, Farook, empleado municipal, utilizó un teléfono iPhone 5C de Apple (que el municipio le asignó como parte de sus labores) para planificar y coordinar el ataque. Luego de varios intentos fallidos de acceder la información, el FBI le solicito a Apple que creara un programa que le permitiera a la agencia tener acceso a los datos. La compañía, sin embargo, rehusó el pedido.

En última instancia, el FBI logró acceso a la información y retiró la demanda, aunque nunca reveló quién ayudó a romper las protecciones de Apple y cuanto pagó.

La Cuarta Enmienda de la Constitución le otorga a todo ciudadano el derecho a la privacidad, razón por la cual Apple se ha negado a cumplir con otros pedidos de distintas agencias federales y locales de quebrar el sistema de cifrado de sus dispositivos.


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