Se trata de una pesquisa sobre la compra irregular de pruebas de anticuerpos para atender la epidemia de COVID-19 en Puerto Rico

Con mucho respeto, solicito a la gobernadora que cese en su mensaje en contra del propio gobierno del que ella, por muchos años, ha sido parte y hoy le ha tocado dirigir, escribe Zoé Laboy

La enconada controversia pública que ha protagonizado la gobernadora de Puerto Rico y la saliente secretaria del Departamento de Justicia lacera profundamente la credibilidad de dos instituciones medulares en la gobernanza del país.

Muchos gobernadores han mirado a Justicia como un botín de guerra, como un ‘juguete’ único que tiene, entre sus ‘gadgets’, el poder de acusación y arresto y, como ‘frosting’, emitir opiniones que vinculan la rama ejecutiva, dice Héctor Reichard

El proceder de la gobernadora arroja sombras y obstáculos mayores que dificultan descubrir la verdad. No hay trasparencia en su proceder, dice Carlos Díaz Olivo

El pueblo exige la mayor transparencia en la gestión gubernamental de forma que se recupere, en lo que se pueda, la confianza en sus instituciones y gobernantes, escribe Luis Sánchez Betances

La responsabilidad de tramitar el informe pasó a manos de la nueva secretaria, y, nos guste o no, era a ella a quien la ley delegaba la prerrogativa de aprobar, enmendar e incluso rechazar el informe dejado por la dimitente, plantea Hiram Sánchez Martínez

La gobernadora añadió que también estaría lista para defenderse durante un posible residenciamiento

Los representantes Rafael “Tatito” Hernández, Luis Vega Ramos y José “Conny” Varela exigieron al presidente cameral que tome acción

En esta ocasión la gobernadora pudo haber ido demasiado lejos y podría enfrentar cargos criminales de obstrucción de la justicia e incluso un proceso de residenciamiento, dice Irene Garzón Fernández