De los cuatro parques solares propuestos, tres son de los contratos de energía renovable que se concedieron durante el gobierno de   Luis Fortuño. (GFR Media)
Los $1,000 millones que Energía federal obtuvo, a finales de diciembre, se utilizarán mayormente para la instalación de placas solares y baterías en residencias de personas de escasos recursos y discapacitadas.

Tras meses de espera, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) publicará mañana, lunes, el “primer borrador” del estudio PR100, que pretende servir de guía para que el gobierno cumpla con la meta, contenida en ley, del 100% de generación con fuentes renovables para el año 2050.

Agustín Carbó Lugo, director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico –nombrado por la secretaria del DOE, Jennifer Granholm–, indicó, en términos muy generales, que se propondrán “cuatro distintas alternativas para lograr la meta”.

“Se presentan y evalúan todas las alternativas, pero es el gobierno de Puerto Rico quien tiene la responsabilidad de escoger”, dijo Carbó Lugo, el pasado jueves en la noche, durante la primera reunión mensual de este año de la Asociación de Contratistas Mecánicos.

“Nosotros estamos haciendo las recomendaciones con el peritaje de reconocimiento mundial, especialmente en los laboratorios nacionales (financiados por el DOE), y será una determinación final que haga el gobierno de Puerto Rico. Esperamos que sea incorporada al Plan Integrado de Recursos”, agregó, en referencia al documento que –en teoría– garantiza el desarrollo ordenado de la red eléctrica y prioriza las fuentes renovables.

Agustín Carbó Lugo, director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico, fue uno de los oradores de la primera reunión mensual del 2023 de la Asociación de Contratistas Mecánicos. (Suministrada)
Agustín Carbó Lugo, director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico, fue uno de los oradores de la primera reunión mensual del 2023 de la Asociación de Contratistas Mecánicos. (Suministrada) (Suministrada)

Carbó Lugo, quien fue el primer presidente de la Comisión de Energía de Puerto Rico (ahora Negociado, NEPR), habló ante 120 representantes de la industria de la construcción mecánica de la isla. Explicó que el estudio es financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y que, además de los expertos del DOE, en su elaboración participa personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy.

Informó que mañana, lunes, Granholm, el gobernador Pedro Pierluisi y directivos de FEMA tendrán un “webinar” para presentar el borrador del “Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y su transición a energía 100% renovable”, nombre oficial de PR100. Hasta el jueves, precisó, había unas 700 personas registradas en el evento.

“Vamos a poder discutir en qué consiste el estudio. No lo puedo divulgar todavía, por razones obvias de que se presentará el lunes, pero estamos todos a la espera de ese gran anuncio. Y creo que estamos todos alineados. Esto ha sido un proceso transparente, donde ha habido participación de todos los sectores y, cuando existe esa comunicación directa, se facilita mucho de lo que queremos lograr”, dijo, tras agradecer a Francisco Berríos, secretario auxiliar de la gobernación para Asuntos Energéticos, quien también fungió como orador en la reunión.

Berríos aprovechó para destacar que, a través de PR100, el DOE “respalda” los planes locales de “generar hidrógeno verde” como fuente renovable.

“Tenemos el problema de que, actualmente, no es costo efectivo. Por eso, el DOE creó un programa de ‘hubs’ (centros) regionales y Puerto Rico forma parte del ‘hub’ del noreste de Estados Unidos, donde hay proyectos en New York, New Jersey, Maine y Massachusetts. Nos juntamos con ese grupo y estamos participando para obtener fondos que nos permitan viabilizar el desarrollo de hidrógeno en Puerto Rico”, explicó.

El estudio PR100 se lanzó en febrero pasado, cuando los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico firmaron un memorando de entendimiento para el uso adecuado de los $11,500 millones en fondos federales para rehabilitar la red tras la devastación del huracán María en 2017.

En octubre, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la isla poco después del paso del huracán Fiona, encargó a Granholm crear un grupo que se dedique a acelerar la reconstrucción de la red, con énfasis en supervisar los recursos federales y proveer asistencia técnica. Sería un esfuerzo adicional a PR100, que es un estudio a dos años. En noviembre, la secretaria del DOE designó a Carbó Lugo como líder del Equipo.

“Tiene que existir una confianza y comunicación superdirecta entre todas las partes que integran la transformación eléctrica en Puerto Rico, y lo importante aquí es que esa comunicación existe. Nos hace la vida mucho más fácil y es la clave para que esto sea un éxito”, recalcó Carbó Lugo, y anunció que Granholm visitará la isla “a finales de mes”. Será la primera de 10 visitas que prevé hacer este año.

La meta del 100% de generación con fuentes renovables en 2050 surge de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019). Como objetivos intermedios, obliga al 40% de generación con fuentes limpias en 2025 y al 60% en 2040. La primera meta, que era llegar al 20% en el año recién concluido, no se cumplió.

“Cerca del 7%” de generación con fuentes renovables

Al respecto, Berríos argumentó que, “ahora mismo”, la generación con fuentes renovables “está cerca del 7%”.

“Se ido avanzando, sobre todo, en generación distribuida (placas solares en techos). Estamos tocando el 7% y, durante algunas horas del día, hemos estado en sobre 10% del consumo atendido con renovables”, expuso.

El mes pasado, la AEE –que aún opera el sistema de generación (que pronto pasará a manos privadas)– proveyó a El Nuevo Día cifras que apuntan a que la capacidad real instalada de energía renovable en la red es de 226.9 megavatios, de un total de 5,383, lo que equivale al 4%. Entonces, el director ejecutivo de la corporación pública, Josué Colón, aseguró que “los números cambian” si se habla del porcentaje de energía renovable más alto producido en el año. En 2022, ese día fue el 2 de marzo, a las 7:08 p.m., cuando la demanda fue de 2,512 megavatios y la producción o despacho con renovables, 264, lo que equivale al 10.52%.

“Tenemos que desarrollar proyectos a gran escala para cumplir con la Ley de Política Pública Energética”, dijo Berríos durante la reunión del jueves, tras recordar los planes del gobierno de instalar 3,750 megavatios de generación limpia y otros 1,500 de almacenamiento (baterías) mediante seis etapas o “tranches”.

De esas, la primera –por 845 megavatios de generación y 200 de almacenamiento– ya fue aprobada por el NEPR, para un total de 18 proyectos que deberán iniciar construcción “próximamente”. Indicó que, el 5 de diciembre, “se completó el recibo de las propuestas” para la segunda etapa, “que busca 1,000 megavatios”.

“Estamos en una etapa bien avanzada del análisis de las propuestas para poder otorgar los contratos correspondientes. Hay dos años para ejecutar estos proyectos (y cumplir con el 40% de generación con renovables en 2025). Hay 150 megavatios que están en desarrollo ahora mismo, correspondientes a contratos que ya se habían materializado para la época de 2012 y que tuvieron una renegociación para poder completarse. También, les puedo decir que hay una finca solar de 90 megavatios que se está construyendo en Salinas”, agregó.

Entretanto, Carbó Lugo hizo referencia a los $1,000 millones que el DOE recibió, a finales de diciembre, para adelantar la transformación de la red eléctrica en la Puerto Rico, en respuesta a Fiona.

“Estamos todavía evaluando cómo los vamos a usar, pero se usarán relativamente rápido y en respuesta al pedido de muchos sectores de la comunidad. Así que entendemos que gran parte de los fondos se utilizarán para generación distribuida. Aunque sea poca cantidad, en comparación con todo lo que se necesita para restaurar la red, es una cantidad importante con la que podemos adelantar esa transformación”, aseveró.

Desde que un grupo de congresistas propuso la partida inicial en octubre pasado, que ascendía a $5,000 millones, trascendió que los fondos se utilizarían para la instalación de placas solares y baterías en viviendas de personas de escasos recursos económicos y discapacitadas.

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