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De izquierda a derecha, Gloria Maunez, Irkania Orama y Nilian Quiñones son algunas de puertorriqueñas que alegan discrimen. ( Especial El Nuevo Día / Carla D. Martínez)

Orlando - La alegada política en una clínica del Departamento de Salud de Florida en Haines City de prohibir el uso del español entre un grupo de empleadas puertorriqueñas constituye una seria violación de ley sobre todo por tratarse de un práctica que se estado llevando a cabo en una dependencia gubernamental, sostuvo hoy Anthony Suárez, presidente de la Clínica de Asistencia Legal de la Comunidad Puertorriqueña.


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