Washington D.C. - La activista del movimiento MAGA Laura Loomer, con acceso al presidente Donald Trump y la Casa Blanca, puso este jueves su mira en los gastos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico, tras la audiencia del miércoles sobre la ley Promesa en el Congreso.

En un mensaje en la red social X, Loomer –a quien se le atribuye lograr el cese de funcionarios del Concilio de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que consideraba no eran legales al movimiento MAGA– sostuvo que el costo de la JSF, que supera los $2,000 millones durante los pasados nueve años, amerita una auditoría y una investigación.

En su publicación, Loomer utilizó el vídeo del momento en que el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, cuestionaba en la audiencia el costo de la JSF, después de que sus colegas demócratas se centraron en denunciar con fuerza el interés de un grupo de bonistas en descarrilar el proceso de quiebra ante la jueza Laura Taylor Swain y reclamar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pague la totalidad de su deuda, unos $12,000 millones al sumarse los intereses generados después de declararse en quiebra.

Hernández se solidarizó con la preocupación de que bonistas reunidos en la firma Golden Tree Management quieran acabar con el proceso de reestructuración bajo la ley Promesa, molestos con la oferta de la JSF que propone pagar $2,600 millones de los $8,500 millones de deuda de la AEE por concepto de bonos, pero prefirió atacar la duración y el costo que ha tenido el ente fiscal.

Un día después, Loomer buscó sacar partido a las preguntas de Hernández al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, a quien ella describe como “responsable de la supuesta ‘recuperación de la bancarrota’ de Puerto Rico, que lleva 10 años en marcha”.

Loomer mantuvo que, mientras Mujica “pregonaba” la recuperación fiscal “a menos de una hora de iniciada la audiencia, admitió abiertamente que su grupo ha gastado más de $2,000 millones en consultores y abogados durante este proceso, lo que representa más de cinco veces el costo estimado por el Congreso”’.

La activista MAGA afirmó que el dinero pagado por la JSF, financiado por el gobierno de Puerto Rico, ha ido directamente “a los bolsillos de consultores y bufetes de abogados de élite”.

“La misma junta que supuestamente los ‘protege’ los está desangrando”, señaló, al comparar el funcionamiento de la JSF con el gasto que tuvo el gobierno de Estados Unidos en la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID, en inglés).

“Se suponía que la bancarrota de Puerto Rico ayudaría a la isla. Lleva 10 años en curso. En cambio, se ha convertido en una fiebre del oro para abogados caros y firmas consultoras ostentosas, sin supervisión ni rendición de cuentas. Basta ya. Debería haber una auditoría y una investigación dedicadas a descubrir cada dólar gastado, cada firma involucrada y cada nombre que se beneficia a costa de Puerto Rico. Voy a seguir esto de cerca”, afirmó.

Las expresiones de Loomer surgen después de que la audiencia del miércoles, convocada por el subcomité de Asunto Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes, apagó la preocupación de que en el Congreso hubiese ambiente para tratar de adelantar el cese de la JSF antes de reestructurar la deuda de la AEE.

Ningún congresista, ni siquiera un republicano, como algunos esperaban, respaldó en la audiencia la posición de los bonistas opuestos a la oferta de la JSF –y a la vigencia del ente fiscal– para reestructurar la deuda de la corporación pública.

En mayo pasado, sin embargo, el congresista republicano Scott Fitzgerald (Wisconsin), presidente de la subcomisión de Estado Administrativo, Reforma Regulatoria y Antimonopolio del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, salió en defensa de los bonistas que se oponen a la oferta de la JSF en torno a la deuda de la AEE y denunció los gastos en que incurre el ente.

En otro tuit del jueves, Loomer criticó a la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida) por hablar en español durante una conferencia de prensa en que presentó un proyecto de ley en favor de una reforma migratoria.