Washington D.C. - Andrew Biggs, uno de los dos “supervivientes” de la sacudida que dio el presidente Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las decisiones financieras del gobierno electo puertorriqueño, ha afirmado que el despido de sus ahora excolegas ha sido “injustificado” y tendrá consecuencias negativas para Puerto Rico.

“El presidente (Trump) despidió a cinco de los siete miembros de la JSF de Puerto Rico; yo fui uno de los dos que se salvaron… Me opongo firmemente al despido de mis colegas, que considero injustificado y representará un revés para Puerto Rico”, indicó Biggs, en su página de Facebook, al elogiar una caricatura del periódico Metro sobre los despidos.

Las destituciones tienen lugar en momentos en que un grupo de bonistas –comandado por Global Tree Managament–, el exintegrante de la JSF Justin Peterson y la activista conservadora Laura Loomer han presionado en contra de los recortes propuestos por el ente fiscal en la deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En la red social X, Biggs expresó: “Estoy orgulloso por haber servido junto a mis cinco colegas de la JSF, quienes trabajaron durante años, sin remuneración y a menudo bajo críticas injustas, para mejorar la vida de los 3 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico”.

“Merecen la gratitud de todos, y sin duda, la mía”, afirmó Biggs, quien no ha estado disponible para entrevista.

La Casa Blanca confirmó el martes que el presidente Trump ordenó el viernes la destitución de cinco de los siete miembros de la JSF: a su presidente, el exjuez de quiebras Arthur González; y a los puertorriqueños Cameron McKenzie, expresidente de la Cámara de Comercio; el inversionista Juan Sabater; la educadora Betty Rosa; y el ejecutivo Luis Ubiñas.

Con excepción de McKenzie –quien era el único miembro de la JSF residente en Puerto Rico y fue nombrado por el speaker Mike Johnson, republicano por Luisiana–, los funcionarios destituidos fueron nombrados o recomendados por demócratas.

Por el momento, la JSF se queda con dos miembros: Biggs, el miembro original que es experto del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI); y John Nixon, quien fue director de Presupuesto de los gobiernos estatales de Michigan y Utah, recomendados por el exlíder de la minoría republicana Mitch McConnell (Kentucky) y el speaker Johnson, respectivamente.

Por su parte, el expresidente de la JSF David Skeel expresó su esperanza de que “uno o más de los cinco impugnen su destitución para proteger los intereses de Puerto Rico”.

“Hay muy buenos argumentos legales que demuestran que la JSF es diferente a las agencias donde la destitución puede confirmarse a pesar de la ausencia de argumentos creíbles que demuestren que existe causa para ello”, dijo en X.

Bajo la ley PROMESA, el presidente de Estados Unidos debe tener “causa” para poder destituir a sus miembros.

La JSF ha propuesto recortar la deuda por concepto de bonos de la AEE de $8,500 millones a $2,600 millones.

La firma Golden Tree Asset Management, que representa bonistas que compraron la deuda después de la quiebra y ha liderado la oposición al recorte propuesto por la JSF, reclama un pago de $12,000 millones, al incluir los intereses.

Los expertos advierten que, mientras más se eleve el pago de la deuda, más se elevará la tarifa de electricidad de los residentes de Puerto Rico, que ya se enfrentan al segundo costo más alto bajo la bandera estadounidense.

Con las destituciones, el presidente Trump podrá tener control de la JSF, ya sea porque envíe los nombramientos a la consideración del Senado o utilice el mecanismo alternativo por el cual designa una persona directamente y escoge candidatos presentados por líderes del Congreso.