Washington D.C. - El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará el miércoles, en una sesión oral, argumentos sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que persigue excluir de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros que residen temporalmente o sin autorización en Estados Unidos.

Desde los territorios como Puerto Rico, donde el Tribunal Supremo dejó en manos del Congreso el alcance de la ciudadanía estadounidense, el caso genera gran atención.

El decreto de Trump –que el presidente ha querido implementar prospectivamente desde que inició su segundo cuatrienio en la Casa Blanca, hace 14 meses– ha sido bloqueado por cortes inferiores.

El procurador general John Sauer ha argumentado que el decreto de Trump restablece “el significado original” de la cláusula constitucional de ciudadanía, que señalaba que los nacidos en Estados Unidos tenían derecho a la ciudadanía estadounidense si estaban bajo la jurisdicción de su gobierno, con un deber de lealtad y apoyo hacia el país.

Para Sauer, la cláusula constitucional de ciudadanía se puso en marcha en el caso de nuevos esclavos y sus hijos, no para los hijos de los que visitan Estados Unidos temporalmente ni para los de personas indocumentadas.

“La ciudadanía por nacimiento y no por filiación es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos. Ha sido establecida mediante enmiendas constitucionales desde 1868 y por precedentes de la Corte Suprema desde 1898”, ha indicado, por su parte, Cecillia Wang, directora Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que encabeza la objeción al decreto presidencial y se presentará el miércoles ante el Tribunal Supremo estadounidense.

Wang sostuvo que “los redactores de la Decimocuarta Enmienda (de la Constitución) actuaron específicamente para impedir que los funcionarios gubernamentales interfirieran con la ciudadanía de los estadounidenses nacidos en el país, y estarían consternados por lo que el presidente intenta hacer”.

La ACLU y otros sectores han percibido una agenda racista en la orden ejecutiva del presidente Trump.

“El presidente considera que el significado tradicional de la cláusula de ciudadanía representa un obstáculo intolerable para su agenda. ¿La razón? Cada año, otorgaría la ciudadanía estadounidense a decenas de miles de personas que no se ajustan a su ideal racial y cultural de lo que significa ser ‘estadounidense’”, indicó el codirector ejecutivo de Right To Democracy, Neil Weare, en un artículo de opinión en la publicación Scotusblog.

Por ello, sostuvo, Trump busca redefinir “la cláusula de ciudadanía para excluir a esas personas, sin intentar enmendar la Constitución ni obtener la aprobación del Congreso”.

En un foro virtual organizado por su organización, Weare comentó que no se prevé que, como parte del caso, la Corte Suprema aborde la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento en los territorios de Estados Unidos, pero considera que la forma en que decida ese caso pudiera influenciar acciones e interpretaciones futuras.

Un grupo de 21 funcionarios, exfuncionarios y exjueces de los territorios –incluidos tres exgobernadores de Puerto Rico– exhortaron al Tribunal Supremo estadounidense a evitar, en el caso Trump versus Barbara, “la injustificable deferencia” hacia el Ejecutivo y el Congreso que ha limitado el alcance de la ciudadanía estadounidense en esas jurisdicciones.

“Quienes nacieron en territorios que gozan de ciudadanía legal viven bajo la amenaza constante de declaraciones del Congreso y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) que afirman que su ciudadanía puede ser revocada por el Congreso, incluso retroactivamente. Además, los estadounidenses samoanos ‘no ciudadanos’ que residen en los 50 estados sufren discriminación con frecuencia, y algunos, incluso, enfrentan procesos penales debido a su estatus”, indicaron, en una argumentación presentada como “amigos de la corte”.

La argumentación está encabezada por la delegada demócrata de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett; el gobernador de ese territorio, Albert Bryan; y el auditor público de Guam, B.J. Cruz.

Desde Puerto Rico, suscribieron el documento, los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá, Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, los tres electos por el Partido Popular Democrático (PPD); la exjueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Liana Fiol Matta; el expresidente del Senado Eduardo Bhatia, quien milita en el PPD; la exsenadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén; la exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Zoé Laboy; y el exrepresentante del MVC José Bernardo Márquez.

La argumentación de los funcionarios y exfuncionarios de territorios agrega que “nada ilustra mejor los peligros de un enfoque de la ciudadanía tan carente de fundamento constitucional que la experiencia de quienes nacieron en Samoa americana, a quienes las ramas políticas siguen clasificando como ciudadanos estadounidenses no ciudadanos”.

“El estado de Alaska está procesando actualmente por delitos graves a 11 samoanos estadounidenses que, siguiendo instrucciones de funcionarios públicos, indicaron en los formularios de registro de votantes que eran ‘ciudadanos estadounidenses’ en ausencia de la casilla correspondiente a ‘nacional estadounidense’”, subrayó el escrito.

En un comunicado, la exsenadora Rivera Lassén indicó que “es fundamental que se reconozca la persistente situación colonial de Puerto Rico, la cual no se resolvió con la mera otorgación de una ciudadanía estatutaria”.

“Esta concesión de ciudadanía no cambió el control unilateral y antidemocrático que ejerce el Congreso sobre Puerto Rico, arraigado en prejuicios racistas, etnocéntricos, políticos y colonialistas de principios de siglo 20, y que vemos resurgir en la orden ejecutiva de Trump disputada en este caso. Para comprender verdaderamente qué significa esta ciudadanía ahora y qué implicará para cada una de las posibles opciones no coloniales, tenemos que liberar a Puerto Rico de las doctrinas de los Casos Insulares y de los poderes plenarios del Congreso”, sostuvo Rivera Lassén.

Por su parte, la exsenadora Laboy afirmó que “los puertorriqueños hemos estado históricamente sujetos a un trato desigual debido a nuestro estatus territorial”, por lo que reconoce “el riesgo que conlleva excluir a los hijos de inmigrantes de las protecciones que la ciudadanía estadounidense garantiza”.

“Durante más de un siglo, las personas en algunos territorios de Estados Unidos han vivido con las consecuencias de una ambigüedad constitucional, donde la ciudadanía puede ser cuestionada, limitada o, incluso, negada por determinación política. El Tribunal no debe extender esa incertidumbre a millones más. La ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional, no una preferencia de política pública”, dijo, por su parte, el exsenador Bhatia.

La atención principal estará sobre los seis jueces conservadores.

Los tres liberales, en un caso anterior, firmaron una opinión disidente de la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, que consideró que defender la orden de Trump es “una tarea imposible a la luz del texto constitucional, la historia, los precedentes de este Tribunal, la legislación federal y la práctica del Poder Ejecutivo”.

Se prevé que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos se conocerá a finales de junio.