Washington D.C. - El temor de que el Tribunal Supremo estadounidense valide que agentes federales se basen en el perfil de las personas para aplicar las leyes de inmigración, debe ser un mensaje de alerta para Puerto Rico y su diáspora, según el presidente de la red educativa ASPIRA, John Villamil Casanova.

“El fallo amenaza con debilitar garantías fundamentales y perpetuar un clima de sospecha hacia los latinos. Puerto Rico, con su identidad híbrida y su ciudadanía estadounidense, se encuentra en una posición estratégica para liderar la defensa de los derechos civiles y exigir que la Constitución proteja a todos por igual, sin importar su origen étnico”, sostuvo Villamil Casanova, cuya red educativa –fundada en Nueva York por la educadora Antonia Pantoja– ofrece servicios a decenas de miles de estudiantes, muchos de ellos inmigrantes.

En la decisión del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Noem y Perdomo, que por el momento tiene vigencia en California, el juez asociado Brett Kavanaugh planteó el pasado 8 de septiembre que la ley federal establece que las detenciones migratorias basadas en “sospechas razonables” de presencia ilegal “han sido un componente importante de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos durante décadas”.

“…en cuanto a las detenciones de personas que se encuentran legalmente en el país, el interrogatorio en esas circunstancias suele ser breve, y esas personas pueden quedar en libertad de inmediato tras dejar claro a los agentes de inmigración que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en Estados Unidos”, agregó Kavanaugh.

En una opinión disidente, la jueza asociada de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor enfatizó que “innumerables personas” en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o el trabajo que desempeñan.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado. En lugar de quedarnos de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, discrepo”, puntualizó Sotomayor.

En ese sentido, Villamil Casanova afirmó que “el fallo es inconsistente con los principios de la Constitución estadounidense y legitima el perfilamiento de los latinos en nuestra sociedad”.

“Puerto Rico, como territorio no incorporado, se encuentra bajo la jurisdicción del Congreso y del sistema judicial federal. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, históricamente han enfrentado un trato desigual en programas federales, representación política y decisiones de política pública. Un fallo que erosiona protecciones constitucionales para una población definida en gran parte por su origen étnico puede reforzar precedentes que limiten derechos civiles en el archipiélago”, agregó.