Kenneth Rivera Robles y Luis Pizarro Otero, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunidos en la oficina del congresista republicano Vern Buchanan.
Kenneth Rivera Robles y Luis Pizarro Otero, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunidos en la oficina del congresista republicano Vern Buchanan. (Suministrada)

Washington D.C. – La Cámara de Comercio promovió esta semana en el Congreso una propuesta que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, convertirá en un proyecto de ley para aumentar las tarifas que se pagan a los planes de salud Medicare Advantage en Puerto Rico.

La legislación, además, permitiría utilizar fondos del programa Medicaid para financiar el costo de los servicios médicos de la parte B de Medicare en el caso de los pacientes con menos recursos económicos, indicó Luis Pizarro Otero, encargado del comité de Salud de la Cámara de Comercio.

La intención es que el proyecto de ley impulse establecer un mínimo en el pago que autorizan los Centros para Servicios Medicare y Medicaid (CMS) a los planes Medicare Advantage. Ese mínimo nivelaría a Puerto Rico con las Islas Vírgenes estadounidenses, que tienen una tarifa que es un 23% mejor que la de los planes Medicare Advantage en la Isla.

“Puede haber una ventana ahora para esa propuesta. Estamos ayudando a conseguir endosos”, dijo Pizarro Otero, al indicar que la comisionada González, quien es republicana, presentaría la legislación tan pronto como la semana próxima con el coauspicio principal del demócrata Darren Soto (Florida) y el respaldo de otros congresistas, entre ellos la también boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

A finales de abril, la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA) denunció que las tarifas que el gobierno federal pagará a los planes Medicare Advantage de la isla en 2023 incrementará las desigualdades a que se enfrentan en comparación con los estados de Estados Unidos.

Al expresar frustración con las normas establecidas por CMS, el presidente de MMAPA, Roberto Pando Cintrón, indicó que en 2023 la base del pago promedio a los planes Medicare Advantage de Puerto Rico será de $644, en comparación con el promedio de $1,090 en Estados Unidos.

Lss tarifas que reembolsará CMS representarán un 41% menos que el promedio en Estados Unidos, 37% por debajo del estado con la tasa más baja, y 23% menos que lo que se le paga a los planes de las Islas Vírgenes estadounidenses, según MMAPA.

El tema de Medicare Advantage fue uno de varios que llevó una delegación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico a las reuniones que tuvo esta semana con miembros del Congreso, asesores legislativos, funcionarios del Ejecutivo y expertos del Instituto Cato, de tendencia libertaria.

Junto a Pizarro Otero estuvieron en las reuniones, entre otros, el presidente electo de la Cámara de Comercio, Cameron McKenzie; la directora ejecutiva de la institución, Liza García; el experto en temas tributarios y expresidente de la organización, Kenneth Rivera Robles; el presidente del Comité de Relaciones Federales, José Julio Aparicio; Javier Rúa Jovet quien trato el tema de energía renovable; y Wanda Pérez, a cargo de los asuntos referentes a las telecomunicaciones.

Aparicio indicó que en cuanto al programa Medicaid – que financia en gran medida el plan de salud del gobierno de Puerto Rico-, todo tiende a indicar que una próxima propuesta será otra solución temporal y se decidirá a finales de año.

Pero, destacó una reunión con el vicepresidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar (California), quien se comprometió a promover una serie de propuestas del sector privado de Puerto Rico entre sus colegas de la Cámara baja.

Rivera Robles sostuvo que sigue atentos a la posibilidad de que el Congreso retome el debate sobre potenciales cambios en el sistema contributivo, después de que quedó frenado en el Senado el proyecto de reconciliación presupuestaria con la agenda social del presidente Joe Biden, que incluía créditos tributarios para corporaciones estadounidenses en los territorios y hacer menores oneroso el impuesto sobre la propiedad intelectual (Gilti) que desde 2018 pagan las empresas foráneas que hacen negocios en la Isla.

Con respecto a las conversaciones con el Instituto Cato, Rivera Robles destacó el interés que ese grupo de estudio ha tenido en derogar las normas federales de cabotaje o por lo menos otorgar una exención a Puerto Rico para el transporte de gas natural y equipos de generación de energía.

“El Instituto Cato llega a legisladores que no favorecen a Puerto Rico”, sostuvo Aparicio, quien indicó que promueven iniciativas desvinculadas del debate sobre el status político de la Isla y con la idea de que el sector privado sea tomado en cuenta de cara al uso de los fondos de reconstrucción y combatir la corrupción.

El grupo también se reunió con Lynda Tran, ayudante especial del Secretario de Transporte de los Estados Unidos, y el boricua Leonardo San Román, del Departamento de Compras de ese departamento.

Otras reuniones incluyeron a funcionarios del Departamento de Comercio Federal y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Como parte del viaje a Washington D.C., la Cámara de Comercio firmó acuerdos con la Cámara de Comercio Negra de Estados Unidos, y el Centro de Desarrollo Económico Latino.

“Con el Latino Economic Development Center tuvimos una productiva reunión con el propósito de desarrollar un programa en donde 15 empresarios tengan la oportunidad de asistir a un curso con el objetivo de lograr préstamos para hacer crecer sus negocios. La Cámara de Comercio iniciará el proceso mediante una convocatoria a los empresarios. A través de este acuerdo, la organización ofrecerá el curso el cual, una vez finalizado, permitirá a los participantes solicitar préstamos desde 2,500 hasta 250 mil dólares”, indicó García, la directora ejecutiva de la institución.

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