La Cámara de Representantes de Estados Unidos terminó de aprobar sus proyectos para el presupuesto 2026, en medio de críticas de la minoría por no imponer nuevas restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y con nuevas asignaciones específicas para Puerto Rico por $7.9 millones.

La legislación ratificada el jueves en el pleno cameral –que ahora pasa al Senado, donde tienen hasta el 30 de enero para evitar un cierre parcial del gobierno federal– reunió los proyectos de presupuesto de los departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, y Educación; Transportación, y Vivienda y Desarrollo Urbano; Defensa; y Seguridad Interna.

Tres de los proyectos se llevaron a votación en una misma legislación. Pero, el de Seguridad Interna, el más controvertido debido al financiamiento a ICE, se votó independientemente (220-207).

En total, los cuatro proyectos –relacionados con el año fiscal que comenzó en octubre de 2025 y termina en septiembre próximo– asignan $1.2 billones (“trillions”, en inglés), la abrumadora mayoría para el presupuesto de Defensa ($901,000 millones).

Los $7.9 millones asignados directamente a Puerto Rico incluyen $2 millones para el Centro de Investigación de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez; $2 millones para mejoras a las instalaciones de la YMCA de Ponce; $1.2 millones para la reconversión de una escuela pública cerrada en el Centro de Innovación Agroempresarial de Isabela; y $1 millón para el desarrollo y construcción de viviendas comunitarias para adultos mayores en Barceloneta.

La legislación asigna, además, $850,000 para el Proyecto de Desarrollo y Construcción del Centro de Avance de Pequeñas Empresas en Habilidades de Próxima Generación y Emprendimiento de San Sebastián; y otros $850,000 para el Proyecto de Revitalización de Vivienda Asequible del Municipio de Manatí.

“Esta aprobación en la Cámara representa un paso importante para seguir canalizando recursos federales hacia las comunidades que más los necesitan en Puerto Rico”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, desde San Juan, donde espera este fin de semana el nacimiento de su primer hijo.

La legislación aprobada el jueves en la Cámara baja mantiene en $7,395 la asistencia máxima anual de las becas Pell para estudiantes universitarios y de educación superior. Aunque el presidente Donald Trump quiso eliminarlos, la Cámara baja dio el visto bueno a una asignación de $1,200 millones para los programas TRIO, dirigido a asistir a estudiantes desventajados, incluso con menos recursos económicos o que son los primeros en sus familias en asistir a la universidad.

En el hemiciclo cameral, sin embargo, la atención principal estuvo sobre el financiamiento de ICE, en medio de agresivas movilizaciones que han causado muertes, denuncias de violaciones de derechos, incluso a ciudadanos estadounidenses, y alta preocupación entre diversos sectores de la sociedad.

La medida deja básicamente igual el presupuesto de ICE.

Con “la aprobación de este paquete, los republicanos finalmente habrán reemplazado el último de los niveles de gasto de la era (de Joe) Biden con los niveles y políticas de gasto de la era (de) Trump”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana).

Los demócratas intentaron obligar a que los agentes de ICE utilicen cámaras corporales al disparar a vehículos en movimiento, en alusión al incidente en Minneapolis en el que un agente mató a sangre fría, con por lo menos tres disparos, a Renée Good, ciudadana estadounidense de 37 años, en momentos en que buscaba dejar la escena de una de las protestas en contra de las acciones de los funcionarios de inmigración.

La legislación reduce, sin embargo, en $115 millones las operaciones de control y deportación de ICE, no cierra la puerta a las cámaras corporales y disminuye las camas de retención en 5,500, según The Washington Post.

“ICE está fuera de control y opera, en demasiadas maneras, de forma ilegal”, indicó el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), al indicar que esa oficina “utiliza el dinero de los contribuyentes para infligir brutalidad al pueblo estadounidense”.

Solo siete demócratas votaron a favor del nuevo presupuesto de ICE.

Hasta la líder de la minoría en el Comité de Asignaciones, Rosa DeLauro (Connecticut), votó en contra de la medida. Los cinco demócratas boricuas del Congreso votaron en contra.

“Este proyecto de ley no incluye nuevas medidas de control frente a la creciente ilegalidad de ICE. No garantiza los derechos de debido proceso ni la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos, quienes continúan siendo acosados, detenidos, agredidos e incluso asesinados por agentes enmascarados de Seguridad Interna durante sus operaciones”, dijo, por su parte, la congresista demócrata boricua Nellie Pou (Nueva Jersey).

Por medio de los proyectos de ley, se financian múltiples programas con impacto en Puerto Rico, incluido el Fondo de Ayuda para Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que recibe $26,400 millones para el resto del año fiscal en Estados Unidos y sus territorios; y $283 millones para los costos del gobierno federal en la inspección de personas y mercancías que entran al archipiélago.

También, se financian, entre muchas otras áreas, la Administración Federal de Aviación y los proyectos federales de mejoras a carreteras.

El Senado tiene en agenda debatir y llevar a votación una medida que reunirá siete proyectos de presupuesto para acabar con la posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal, que está plenamente financiado hasta el viernes 30 de enero.