Washington D.C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificó este miércoles (312-112) el acuerdo de conferencia del Congreso sobre el proyecto de ley de reautorización de gastos de Defensa, que permitirá dedicar $66.5 millones a una nueva escuela en la antigua base Ramey de la Fuerza Aérea en Aguadilla.

La medida – producto de un comité de conferencia del Senado y la Cámara baja-, autoriza, además, $14.5 millones para mejoras a talleres de ingeniería y mantenimiento de viviendas del Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas del Campamento Santiago.

Para llevar la medida a votación final en la Cámara baja, el speaker Mike Johnson tuvo que negociar con un grupo de conservadores asuntos como avanzar legislación para prohibir a los congresistas comprar y vender acciones en el mercado bursátil mientras sean legisladores federales y evitar que organizaciones no gubernamentales puedan ser vehículos para financiar el Talibán en Afganistán.

Por más de media hora, la votación estuvo detenida en el pleno cameral cuando se llevaban a votación las reglas de debate.

La legislación, cuyos acuerdos finales pueden ser aprobados la semana próxima en el Senado, eleva a $901,000 millones la autorización de gastos de Defensa del gobierno federal de cara al año fiscal vigente – presupuesto que incluye otras agencias de seguridad nacional y el desarrollo de armas nucleares-, un aumento de $8,000 millones en comparación con el anterior.

La legislación incluye un aumento de 3.8% en el salario de los militares y nuevos reclamos de información en torno a los ataques letales del Pentágono en el Caribe contra supuestos narcotraficantes.

Según el presidente del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers (Michigan), la legislación “autoriza casi $3,000 millones para la construcción de cuarteles, viviendas familiares, comedores, centros médicos, guarderías y escuelas y mejora el acceso de los militares a los servicios de salud mental”.

“Este es un buen producto que se trabajó de manera bipartidista y bicameral”, indicó Rogers.

Mientras, el líder de la minoría demócrata en la comisión, Adam Smith (Washington), afirmó que su “mayor preocupación es que el Pentágono, dirigido por el secretario (Pete) Hegseth y el presidente (Donald) Trump, simplemente no rinde cuentas al Congreso ni a la ley”.

La ley de presupuesto aprobada en noviembre, que extendió por todo el año los gastos de Defensa, y de otros programas temporalmente hasta el 30 de enero, incluye una asignación de $155 millones para construir la escuela en Ramey, una propuesta que, como el financiamiento para el centro de entrenamiento en el campamento Santiago, ha dado la vuelta por el Congreso durante varios años.

Esa misma cantidad quedaba autorizada con el proyecto original ratificado en septiembre en el pleno cameral. Pero, el acuerdo negociado con el Senado, tras aprobarse versiones distintas, fijó el monto en $66.5 millones.

“Este proyecto de defensa es importante para Puerto Rico porque invierte en quienes visten el uniforme y en las comunidades que los respaldan“, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Tras la Fuerza Aérea dejar la base Ramey, la instalación ha albergado a la Guardia Costera y un centro de reserva del Ejército. La pista del aeropuerto Rafael Hernández, que era parte de la base y ahora pertenece al gobierno de Puerto Rico, ha sido utilizada para los recientes actividades militares estadounidenses en la zona del Caribe.

La medida reclama a la Guardia Costera estadounidense desarrollar un plan anual para apoyar sus operaciones en la región del Caribe, publicar el número de interdicciones de drogas y migrantes que realiza mensualmente, y autoriza al secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) a adquirir tecnología de vanguardia, como sistemas tácticos de vigilancia marítima, incluso para el sector San Juan en Puerto Rico.