Washington D.C. - El Caucus Hispano del Congreso denunció este miércoles como un acto de racismo y de violación de derechos constitucionales –al no cumplirse, por ejemplo, con el debido proceso de ley– la deportación a Honduras de tres niños ciudadanos estadounidenses, uno de ellos paciente de cáncer.

“Si no fueran hijos de inmigrantes, esto no hubiera ocurrido”, dijo la congresista demócrata Norma Torres (California), en una conferencia de prensa, junto al liderato del Caucus y organizaciones que asisten a las familias perjudicadas.

El pasado viernes, la oficina de Nueva Orleans (Luisiana) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) deportó a dos familias, incluyendo a dos madres y sus hijos menores, tres de los cuales son ciudadanos estadounidenses, de 2, 4 y 7 años.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) denunció que uno de los niños, el de 4 años, padece de cáncer en estado avanzado (fase 4), y que una de las madres está embarazada.

La abogada de la madre del niño de 2 años rechazó que su clienta dijera que quería que su hijo fuera deportado con ella.

Independientemente del estatus migratorio de las madres, la ACLU advirtió que las familias quedaron “completamente aisladas durante momentos críticos en los que se tomaban decisiones sobre el bienestar de sus hijos menores”, en violación de directivas escritas e informales de ICE “que exigen la coordinación del cuidado de menores con cuidadores dispuestos (…) durante las deportaciones”.

Sirine Shebaya, directora ejecutiva del “National Immigration Project” del National Lawyers Guild, afirmó que la madre del niño de 4 años con cáncer y del de 7 años llegó a Estados Unidos como menor no acompañada.

La mujer recibió una citación de las autoridades migratorias sin fecha ni hora. Por tal razón, Shebaya afirmó que, sin ella saber de la audiencia judicial, se emitió una orden de deportación en su contra.

“Nunca tuvo un día en el tribunal. Nunca pudo presentar su caso para obtener su status migratorio”, indicó Shebaya a El Nuevo Día, al afirmar que la administración de Donald Trump ha dado información equivocada sobre el caso de esa familia.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, el demócrata Adriano Espaillat (Nueva York), afirmó que todo el proceso ha sido “una violación de derechos constitucionales fundamentales y obviamente del debido proceso de ley”.

El Caucus Hispano del Congreso, formado por 43 legisladores federales demócratas, ha criticado desde el principio de esta administración que las masivas deportaciones que pone en marcha el gobierno de Trump puedan ser indiscriminadas y provocar la separación de familias.

“Esto es una estrategia política de puro racismo”, agregó la congresista Torres, al indicar que la mayoría republicana del Congreso debería llevar a cabo audiencias de emergencia sobre las presuntas violaciones de derechos que la administración de Trump ha llevado a cabo.

Joaquín Castro, demócrata por Texas y a quien se le removió en 2022 un tumor canceroso gastrointestinal, cuestionó en qué clase de país el gobierno de Trump convierte a Estados Unidos, al deportar a ciudadanos estadounidenses y otras personas sin el debido proceso de ley.

“Soy paciente de cáncer y sé cuán importante es el tratamiento que se recibe para sobrevivir”, sostuvo Castro.

Por su parte, Juan Vargas, demócrata por California, sostuvo que al niño con cáncer le han dado en términos reales “una sentencia de muerte” con su deportación.

“¿Dónde están las iglesias cuando tenemos una emergencia? Se quedan calladas”, criticó el legislador federal, en la conferencia de prensa.

Entre otras denuncias, el Caucus Hispano del Congreso ha estado al frente también en el caso en que se impugna la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien estaba bajo protección judicial y, a pesar de que un tribunal ordenó que se facilitara su retorno al estado de Maryland, Trump y su gobierno se han hecho de la vista larga.