El Concejo Municipal de Chicago tramita una resolución que aboga por el cese, a más tardar en dos años, de la funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

La resolución – de la autoría de la concejal puertorriqueña Jessie Fuentes-, fue aprobada el jueves en el Comité de Salud y Relaciones Humanas, y está en la agenda del pleno Concejo Municipal para el 25 de septiembre.

La JSF fue impuesta en 2016 por medio de la ley Promesa que, a su vez, creó un sistema judicial de bancarrota territorial para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico por concepto de bonos, que rondaba los $73,000 millones.

La concejal Fuentes representa el antiguo barrio boricua con base en la zona de Humboldt Park, en la ciudad de Chicago, que tiene la tercera mayor población puertorriqueña en Estados Unidos, con cerca de 94,000 personas.

“Casi una década después, la Junta continúa ejerciendo una amplia autoridad sobre las políticas fiscales de la isla, lo que genera serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños”, indica la resolución.

La medida considera que “si bien Puerto Rico ha avanzado en la reestructuración de su deuda, el restablecimiento del acceso a los mercados de capital y la implementación de reformas fiscales, la continuidad del funcionamiento de la Junta sin una fecha límite definida representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática”.

Además, la resolución afirma que “las medidas de austeridad impuestas bajo la supervisión de la Junta han socavado gravemente los servicios públicos, en particular en educación, salud e infraestructura municipal, con consecuencias devastadoras para los más vulnerables”.

Como ejemplo, menciona que “la Universidad de Puerto Rico, piedra angular del sistema de educación pública de la isla y una vía para la movilidad económica, ha sufrido recortes de fondos superiores al 50%, lo que pone en peligro su misión y accesibilidad”.

Al declarar ante el comité legislativo municipal, Federico de Jesús Febles, asesor del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, exhortó al Concejo Municipal a exigir al Congreso a que “fije una fecha límite para que la junta gobierne Puerto Rico, de modo que se disuelva en no más de dos años”.

“Si la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no se ha liquidado para entonces, la empresa debería declararse en quiebra federal regular. La continuación del dominio colonial directo es inaceptable”, indicó De Jesús Febles en su ponencia.

Sostuvo, además, que el asunto es también de importancia para Chicago, debido a la significativa presencia de Puerto Rico.

Indicó que bajo la JSF continúa la implantación de la antigua ley 22 – ahora integrada a la ley 60 de 2019-, que ha ofrecido una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a nuevos residentes de Puerto Rico y que ha sido utilizada en gran medida por multimillonarios estadounidenses para eludir el pago de contribuciones federales.

“Chicago está perdiendo ingresos fiscales. Las lagunas fiscales federales permiten que los residentes adinerados de Chicago y otros estadounidenses se muden a Puerto Rico y dejen de pagar los impuestos de Chicago, Illinois y los impuestos federales. Bajo la ‘ley 22’, estas personas evaden impuestos, lo que les cuesta a Chicago y a otras ciudades estadounidenses ingresos que necesitan desesperadamente para carreteras, escuelas y hospitales”, sostuvo de Jesús Febles.

“Mientras esto sucede”, agregó, “la gentrificación colonial ha hecho que para muchos sea inasequible seguir viviendo en sus comunidades y “muchos de los desplazados se han mudado al área metropolitana de Chicago”.

El consultor político afirmó que es hora de que el Congreso cierre “la laguna fiscal de la ‘ley 22’”, como el mismo Concejo Municipal de Chicago solicitó en 2024.