Washington D.C. - El Concejo Municipal de San Luis (Misuri) aprobó este viernes una resolución que exhorta al Congreso a fijar una fecha concreta para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en momentos en que tiene seis vacantes y tres miembros destituidos por el presidente Donald Trump reclaman su restitución en los puestos.

La resolución, presentada por la concejala boricua Daniela Velázquez, insta, además, a que la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sea colocada por el Congreso bajo el capítulo 9 de la ley de quiebras, al que una vez estuvieron vinculadas las corporaciones públicas de Puerto Rico.

La legislación municipal representa, a su vez, un llamamiento en favor de “una transición hacia la plena autonomía fiscal y la gobernanza democrática local en Puerto Rico, y a promover la autorrealización económica y una recuperación justa impulsada por la comunidad y responsable ante los puertorriqueños de la isla”.

“La existencia indefinida de la Junta socava la soberanía fiscal de Puerto Rico, perpetúa la dependencia y erosiona la confianza pública en las instituciones gubernamentales”, indica la medida.

La resolución fue aprobada en momentos en que Trump dejó a la JSF casi inoperante, con solo un miembro.

Trump destituyó a seis de los siete directivos de la JSF en medio de presiones de grupos de bonistas que se oponen al plan de ajuste de la deuda de la AEE aprobado por el ente fiscal. Tres de los directivos de la JSF, el expresidente Arthur Gonzalez, la educadora Betty Rosa y Andrew Biggs, demandaron a Trump por entender que sus despidos se ejecutaron de forma ilegal, ya que es un organismo territorial que está bajo el control del Congreso.

Biggs, recomendado por el exlíder republicano del Senado Mitch McConnell, es el único asociado a los republicanos entre los demandados. Gonzalez fue recomendado por el líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries, mientras que Rosa fue propuesta por el actual líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer.

De acuerdo con la ley Promesa, Trump puede destituir miembros de la JSF, siempre y cuando haya “causa” para tomar esa decisión.

Bajo la ley Promesa, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado, el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro del ente fiscal y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas, que en esta sesión son demócratas.

Mientras, el estatuto establece que la JSF tiene que certificar cuatro presupuestos equilibrados consecutivos –que se hayan elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin los gastos exceder los ingresos– y que el gobierno de la isla tiene un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables, antes de cesar sus funciones.

En esta sesión, los republicanos controlan el Senado 53-47. También, tiene mayoría en la Cámara baja.