Washington D.C. - Un grupo de 16 legisladores federales que hacen caucus con los demócratas ha pedido a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que precise los esfuerzos que tomará para cumplir con la orden judicial que exige considerar la energía renovable para los proyectos de reconstrucción y modernización de la red eléctrica en Puerto Rico.

“Con esta decisión, FEMA ahora debe analizar las alternativas de energía renovable distribuida, presentadas durante el período de consulta pública, en lugar de continuar invirtiendo en infraestructura centralizada basada en combustibles fósiles”, indicaron los legisladores, encabezados por las congresistas demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York, y el senador Richard Blumenthal (Connecticut).

Añadieron que la decisión judicial “representa una oportunidad significativa para que las actividades de recuperación y resiliencia ante desastres de FEMA, en Puerto Rico, cumplan con la legislación ambiental federal y promuevan un futuro energético más sostenible, equitativo y resiliente al clima para el archipiélago”.

El 30 de septiembre, el juez del Tribunal Federal de San Juan Jay Gregory determinó que FEMA violó la Ley de Política Pública Ambiental (NEPA, en inglés), al excluir la energía renovable de iniciativas clave para la reconstrucción y modernización de la red eléctrica, que cuenta con más de $18,000 millones.

Gregory advirtió que FEMA debe elaborar una declaración de impacto ambiental (DIA) que examine las alternativas de energía renovable, pues el “expediente establece que los proyectos pueden afectar significativamente el medio ambiente humano”.

“El expediente demuestra claramente que las alternativas de energía renovable eran razonables y viables… FEMA violó la NEPA, al no considerar alternativas de energía renovable, especialmente porque este asunto se presentó a FEMA durante el período de comentarios públicos”, indicó el juez en torno a un caso judicial presentado por grupos ambientalistas y comunitarios.

La carta a la dirección de FEMA –con fecha del viernes y enviada a la jefa de Gabinete de la agencia, Karen Evans– está firmada también por el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández; el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer (Nueva York); y los senadores Elizabeth Warren (Massachusetts), Bernie Sanders (independiente por Vermont), Jeff Merkley (Oregón), Edward Markey (Massahusetts) y Corey Booker (Nueva Jersey).

También suscriben la misiva el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Jared Huffman (California); y los también congresistas Delia Ramírez (Illinois), Maxwell Alejandro Frost (Florida), Dan Goldman (Nueva York), Grace Meng (Nueva York) y Rashida Tlaib (Michigan).

Los legisladores piden un desglose de fondos para conocer cuánto dinero de FEMA se ha destinado a las labores de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, cuánto se ha gastado, el total destinado a combustibles fósiles para la reparación de la red y cuándo la agencia federal iniciará ”el proceso de la DIA requerido por el tribunal y cuál es el plazo previsto para su finalización”, entre otros requerimientos.

La demanda en contra de FEMA fue presentada por el Centro para la Diversidad Biológica y ocho organizaciones comunitarias puertorriqueñas: Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Comité Diálogo Ambiental, Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, El Puente de Williamsburg y el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas.

La administración de Trump se ha dedicado a echar a un lado múltiples proyectos de energía renovable. Incluso, el Departamento de Energía estadounidense desvió hacia los trabajos generales para mejorar la red eléctrica unos $365 millones que el gobierno de Joe Biden había asignado para energía renovable y baterías de almacenamiento en égidas, residenciales públicos y centros de salud.

“Esta no es solo una oportunidad para cumplir con la ley, sino, aún más importante, para invertir en la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico. Avanzar con la DIA brindará justicia rápida a los más vulnerables a la crisis energética. Esperamos que FEMA cumpla con su deber y atienda las necesidades de los más necesitados”, señaló Federico Cintrón Moscoso, director del programa de la Red Latina de Acción Climática de El Puente de Williamsburg.

Cuando decidió el caso en San Juan, el juez Gregory mantuvo que, “si los fondos de FEMA siguen destinándose a infraestructuras basadas en combustibles fósiles, es poco probable que Puerto Rico disponga de los recursos necesarios para apostar por alternativas de energía renovable en un futuro próximo”.