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Desde la diáspora condenan la intención de Donald Trump de controlar la Junta de Supervisión Fiscal

LatinoJustice sostuvo que la movida busca favorecer a los “fondos buitres” con bonos en la AEE, cuya reestructuración sigue en el aire

7 de agosto de 2025 - 10:34 AM

La Junta de Supervisión Fiscal, que mantiene como director ejecutivo a Robert Mujica, ha indicado que sigue en funciones, pese a la destitución de cinco de sus siete miembros con derecho al voto. (Nahira Montcourt)

Washington D.C. - Organizaciones de la diáspora boricua han denunciado la decisión de Donald Trump de destituir a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que consideran busca favorecer a los “fondos buitres” que tienen bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y objetan el recorte que propuso ese ente financiero en la deuda de la corporación pública.

“Esta acción profundiza el saqueo continuo de la isla, que es una de las características del colonialismo”, indicó la presidenta y consejera general de LatinoJustice, Lourdes Rosado.

Rosado, cuya organización fue fundada con el nombre del Fondo para la Educación y la Defensa Legal de los Puertorriqueños (PRLDEF), afirmó que “la destitución, por parte del presidente, de los miembros de la Junta de Supervisión designados (principalmente por) demócratas es una maniobra descarada para asumir el control total de la Junta y favorecer a los fondos buitres y a los tenedores de bonos corporativos que compraron la deuda del archipiélago a bajo precio y ahora buscan ser pagados a precio completo a costa del pueblo puertorriqueño”.

Trump ordenó destituir a cinco miembros de la Junta: a su presidente, el exjuez de quiebras Arthur González; y a los puertorriqueños Cameron McKenzie, expresidente de la Cámara de Comercio; el inversionista Juan Sabater; la educadora Betty Rosa; y el ejecutivo Luis Ubiñas.

Con excepción de McKenzie –quien era el único miembro de la JSF residente en Puerto Rico y fue nombrado por el speaker Mike Johnson, republicano por Luisiana–, los funcionarios destituidos fueron nombrados o recomendados por demócratas.

Por el momento, la JSF se queda con dos integrantes: Andrew Biggs, un miembro original que es experto del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI); y John Nixon, quien fue director de Presupuesto de los gobiernos estatales de Michigan y Utah, recomendados por el exlíder de la minoría republicana Mitch McConnell (Kentucky) y el speaker Johnson, respectivamente.

En momentos en que la gestión sigue bajo mediación, la JSF ha propuesto recortar la deuda por concepto de bonos de la AEE de $8,500 millones a $2,600 millones. La firma Golden Tree Asset Management, que representa a bonistas que compraron la deuda después de la quiebra y ha liderado la oposición al recorte propuesto por la Junta, reclama un pago de $12,000 millones, al incluir los intereses.

Los expertos advierten que, mientras más se eleve el pago de la deuda, más aumentará la tarifa de electricidad de los residentes en Puerto Rico, que ya se enfrentan al segundo costo más alto bajo la bandera estadounidense.

“El pueblo puertorriqueño ya ha sufrido demasiado bajo las medidas de austeridad impuestas por las políticas de la JSF, con tarifas eléctricas por las nubes y cortes prolongados y frecuentes del servicio eléctrico que ponen en riesgo vidas, así como recortes en educación y servicios de salud que convierten la vida diaria en Puerto Rico en una lucha constante”, indicó Rosado.

Para la presidenta de LatinoJustice, “tanto la lLey PROMESA como la JSF han sido, desde el principio, instrumentos problemáticos e ineficaces para abordar la devastadora crisis económica de Puerto Rico, y hasta la fecha han hecho poco por mejorar la vida de millones de ciudadanos estadounidenses que sufren los efectos de la austeridad y de servicios públicos inadecuados y mal financiados”.

“Hasta que no se desmantele esta Junta no electa y se devuelva el control de la economía al pueblo puertorriqueño, no veremos el desarrollo que la isla necesita y merece”, añadió Rosado.

Mientras, la coalición Power4PuertoRico mantuvo que, ahora “más que nunca, la Junta que gobierna sobre Puerto Rico debe ser abolida” y legislarse para permitir al gobierno puertorriqueño reestructurar la deuda de la AEE bajo el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

La empresa eléctrica debe acogerse al Capítulo 9 de bancarrota. Es fundamental priorizar la descolonización plena en una colaboración de trabajo entre ambos países”, indicó Power4PuertoRico.

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