Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió este viernes en ley el abarcador proyecto de reconciliación fiscal que da impulso a sus prioridades, recorta Medicaid, da permanencia a los alivios contributivos para ciudadanos de hace ocho años y eleva la deuda federal en alrededor de $3.25 billones (“trillions”, en inglés).

Como quería, Trump firmó la medida durante la celebración, en la Casa Blanca, del 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que incluyó un picnic para familias de militares y, más adelante, el lanzamiento de fuegos artificiales.

Previo al mensaje de Trump, aviones militares –encabezados por bombarderos B-52, como los que participaron del ataque a las instalaciones nucleares de Irán– sobrevolaron la Casa Blanca.

En el picnic, estuvieron 150 militares de la base de la Fuerza Aérea Whiteman, en Misuri, incluidos los pilotos que llevaron a cabo la misión.

Debido a la cantidad de propuestas suyas incluidas en la ley, como incrementar las asignaciones para la frontera y la deportación masiva indiscriminada de personas cuyo estatus migratorio no está definido, la legislación representa, en este momento, la mayor victoria legislativa de Trump de sus dos cuatrienios.

“Hemos puesto todo en un solo proyecto de ley”, dijo Trump, al suscribir la medida, junto al liderato del Congreso, y señalar que la ley incluye iniciativas importantes para todos los legisladores de su partido.

Trump dijo que es el proyecto de ley “más popular”, pero las encuestas han sido consecuentes en precisar el rechazo de la mayoría de la opinión pública.

La medida fue aprobada en el Senado (51-50), con tres republicanos en contra, y en la Cámara de Representantes (218-214), con la oposición de dos republicanos.

La nueva ley exime de impuestos los ingresos por propinas durante cinco años, hasta $25,000, y en cierta medida el pago de horas extras a “no profesionales”. Permite, a su vez, deducir en las planillas federales, en el caso de las parejas, hasta $12,000 en préstamos de automóviles fabricados en Estados Unidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés), incluye una reducción presupuestaria, para la próxima década, de alrededor de $1.21 billones y los alivios tributarios tendrían un costo de $4.46 billones, lo que causaría un aumento en el déficit federal de $3.25 billones.

“Es la reducción de impuestos más grande de la historia”, mantuvo Trump, quien alegó, falsamente, que la legislación elimina las contribuciones federales sobre el Seguro Social.

Debido a que la medida aumenta la deuda federal, la CBO ha advertido que tiene que dispararse un recorte anual de un 4% en Medicare o $490,000 millones en una década.

La CBO ha advertido que los cambios en Medicaid –que incluyen imponer requisitos de trabajo, reducir un impuesto estatal que permite financiar los servicios que provee y requerir revisar los criterios de elegibilidad cada seis meses en los estados que han expandido el programa– pueden provocar que 17 millones de personas pierdan su plan médico.

Doce millones de los que pueden perder su plan médico serían beneficiarios de Medicaid, según el análisis.

Los nuevos requisitos de Medicaid en Estados Unidos se harían vigentes en enero de 2027, es decir, después de las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

Esos cambios, que los republicanos esperan recorten $930,000 millones de Medicaid durante la próxima década, no aplican a Puerto Rico, cuyo abismo fiscal en el programa –que puede representar una caída en el financiamiento de $4,200 millones a unos $500 millones anuales– ocurriría al terminar septiembre de 2027.

Con respecto al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), además de equiparar sus requisitos de trabajo a los que ahora se establecen para Medicaid, adultos hasta los 64 años, la medida congela los costos anuales del Plan de Alimentos Económicos (“Thrifty Food Plan”, TFP), clave para calcular la ayuda.

En el caso del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la CBO, el grupo de estudio Centro sobre Presupuesto y Prioridades de Política Pública y la minoría demócrata del Comité de Agricultura han coincidido en que el TFP reducirá el crecimiento de la asistencia alimentaria para Puerto Rico. De acuerdo con la minoría demócrata, el crecimiento se reducirá en unos $1,000 millones durante la última década.

Las propuestas del proyecto de reconciliación fiscal permitirán extender la reducción en las tasas contributivas para ciudadanos de la reforma tributaria de 2017, a un costo de $4.5 billones. Los demócratas intentaron que se limitaran los beneficios de los más ricos.

“Los estadounidenses tienen razón en estar enojados. Los republicanos en Washington han incumplido sus promesas de campaña de reducir los costos y, en cambio, han provocado muertes evitables, cierres de hospitales, más hambre y una deuda adicional de ($3.25) billones de dólares. Al firmar este proyecto de ley, el presidente está perjudicando sus mayorías republicanas en el Congreso”, indicó Neera Tanden, principal funcionaria ejecutiva del grupo de estuvo Center for American Progress, de tendencia liberal.

La legislación destina $160,000 millones para seguridad en la frontera y las redadas masivas contra personas con estatus migratorio indefinido. Cerca de $45,000 millones se destinan a centros de detención de inmigrantes, y unos $46,500 millones para la muralla que Trump, desde su primera administración, quiere construir en la frontera con México.

Con respecto a Puerto Rico, la legislación aumenta a partir de enero y de forma permanente, de $10.50 a $13.25 por galón, el reembolso por el arbitrio federal al ron puertorriqueño y de las Islas Vírgenes.

En momentos en que el gobierno de Puerto Rico divide casi la mitad del reembolso con las destilerías de ron, el proyecto puede aumentar a más de $500 millones anuales esa partida, que depende de las ventas y de los cuales unos $275 millones pueden quedarse en manos del erario boricua.

Además, el proyecto de ley tacha privilegios a Puerto Rico para el acceso al programa zonas de oportunidad, creado en 2017 por el Congreso y respaldado, además, por la ley puertorriqueña.

La ley eleva permanentemente de $2,000 a $2,200 el crédito por niños dependientes, que tiene plena vigencia en Puerto Rico. El reembolso por ese crédito, que es el que solicitan los residentes de Puerto Rico, alcanzaría un máximo de $1,700.

Mientras, eleva permanentemente de 10.5% a 14%, bajo un nuevo nombre y concepto lo que se ha conocido como el impuesto sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés) de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, en inglés), que tienen significativa importancia para la industria manufacturera de Puerto Rico.