Washington D.C. - El presidente Donald Trump ha decidido destituir a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en medio de presiones para suavizar el recorte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según adelantó el lunes la publicación conservadora Breitbart News.

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La información fue confirmada el martes por el servicio de noticias Bloomberg, que sostiene que los cinco miembros destituidos –el presidente de la JSF, Arthur González, y los puertorriqueños Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas– fueron notificados el viernes.

Pero el ente fiscal ha insistido, desde el lunes en la noche, que no ha recibido notificación alguna. “La JSF cuenta con siete miembros activos, y no hemos recibido información de lo contrario”, indicó en una breve declaración el ente fiscal.

De los cinco que serían destituidos, solo McKenzie fue recomendado por el liderato republicano del Congreso, en su caso el speaker Mike Johnson. McKenzie, un expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, es el único que reside en la isla.

Trump habría decidido, a su vez, mantener en sus puestos a Andrew Biggs y John Nixon, recomendados, respectivamente, por el entonces exlíder de la minoría republicana del Senado Mitch McConnell, y el speaker Johnson.

“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a Breitbart.

Si Trump decidió destituir a esos cinco miembros, puede tener que demostrar que tiene el poder para cesar sin justa causa a los miembros de la JSF nombrados por recomendación de los líderes del Congreso. “El presidente de los Estados Unidos podrá remover con causa a cualquier miembro de la Junta de Supervisión”, indica la ley Promesa.

La aparente intención de Trump de forzar la salida de cinco miembros se produciría en medio de presiones de un grupo de bonistas que objeta la oferta de la JSF en torno al recorte de la deuda de la AEE. Ha habido también presiones hacia la JSF tras frenar un contrato de distribución de gas natural con New Fortress Energy (NFE).

Tras la reciente audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre el desempeño de la JSF, en ocasión del noveno aniversario de la ley Promesa, la activista conservadora Laura Loomer recomendó públicamente a Trump destituir a todos los miembros del organismo, en busca de un cambio en la posición del ente fiscal en torno al recorte de la deuda de la AEE.

Loomer destacó este martes la aparente decisión de Trump de cesar a cinco miembros del ente fiscal.

Golden Tree Asset Management es considerado el principal objetor de la propuesta presentada por la JSF para reducir el pago del principal de la deuda por concepto de bonos de la AEE, de $8,500 millones a $2,600 millones. Ese grupo de bonistas reclama que se le pague toda la deuda, incluyendo los intereses, lo que subiría la cuenta a unos $12,000 millones.

“MAGA!”, indicó, al citar jubilosamente la noticia en la red social X, el exmiembro de la JSF Justin Peterson, quien ha abogado por eliminar el ente fiscal, en medio de sus críticas a la oferta sobre el propuesto recorte a la deuda de la AEE. Peterson representó a bonistas del gobierno de Puerto Rico antes de ser nombrado por Trump a la JSF.

Si Trump cesa a unos miembros de la JSF, pero mantiene en sus puestos a otros, puede ser un mensaje de que no se propone enviar los nombramientos al Senado de Estados Unidos para su confirmación.

Bajo la ley Promesa –que creó la JSF y un sistema judicial de bancarrota territorial–, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado, el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro del ente fiscal y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas.

En esta sesión, los republicanos controlan el Senado 53-47.

Sabater, un inversionista, fue nombrado directamente por el expresidente Joe Biden.

Los nombramientos de los también boricuas Rosa, comisionada de Educación de Nueva York, y Ubiñas, expresidente de la Fundación Ford, responden a las sugerencias del líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

El exjuez de quiebras Arthur González, quien como Biggs ya había estado en la primera edición de la Junta -con una breve interrupción-, desde agosto de 2016, fue propuesto nuevamente en junio de 2024 por el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York).

“Si la noticia es cierta, los miembros de la JSF afectados (nombrados por recomendación de líderes del Congreso), pueden demandar para dejar sin efecto la orden hasta que se resuelva el asunto en su fondo en la corte. Pero eso debilita la posición de la JSF en la negociación de la deuda de la AEE y los contratos con New Fortress Energy”, indicó el abogado y economista Sergio Marxuach, director de Política Pública del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE).

Fue el pasado sábado que la activista Loomer –a quien se le atribuye haber conseguido que Trump destituyera miembros del Concilio de Seguridad de la Casa Blanca– exhortó a Trump, en la red social X, a cesar a todos los miembros de la JSF.

Tras la audiencia del 16 de julio en el Comité de Recursos Naturales, Loomer se había sumado a las críticas en contra de la JSF por haber destinado más de $2,000 millones a consultores y empleados durante los pasados nueve años de la ley Promesa.

“El presidente Trump tiene la facultad de destituir a la JSF de Puerto Rico y reemplazarla por una nueva. Debería hacerlo. Esto ha sido un enorme desperdicio de dinero.La Junta ha gastado más de $2,000 millones en consultores y abogados a lo largo de los 10 años del proceso de quiebra, lo que representa más de cinco veces el costo estimado por el Congreso”, indicó Loomer el sábado.