Washington D.C. - La Fortaleza afirmó este martes que la gobernadora Jenniffer González no fue consultada por la Casa Blanca en torno a la decisión del presidente Donald Trump de destituir a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en una movida que, a futuro, le daría a los republicanos una ventaja de, al menos, 5 a 2 en el ente fiscal.

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“Durante mi término en el Congreso como comisionada residente, trabajé con distintos miembros de la JSF, y ahora trabajaré junto a quien sea la nueva composición de la Junta, una vez lo anuncie el presidente Trump”, indicó la gobernadora González, quien, según La Fortaleza, se enteró este martes de la decisión del presidente Trump.

González sostuvo, sin embargo, que ha mantenido “comunicación directa, desde el día uno, con todo el componente de la Junta y su personal”.

“Este trabajo continuará con los nuevos miembros para ponerle punto final a la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico”, agregó González, quien durante la campaña presidencial expresó su interés de ser el “eslabón” de Trump con Puerto Rico.

González, como Trump, se vincula con el Partido Republicano de Estados Unidos.

Por su parte, Jean Peña Payano, asesor de la gobernadora para Asuntos Legislativos , afirmó más temprano que, desde la La Fortaleza, no hicieron ninguna “gestión para estar sacando a nadie”.

Tanto la Casa Blanca como la JSF confirmaron este martes la destitución de cinco de los siete miembros de la JSF, en momentos en que un grupo de bonistas y activistas conservadores se oponen a la oferta del ente fiscal para recortar de $8,500 millones a $2,600 millones la deuda por concepto de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Es una manifestación de la situación colonial que tiene el gobierno de Puerto Rico históricamente”, dijo Peña Payano en torno al limbo en que ha quedado la JSF en las últimas horas y al insistir en que le corresponde al ente que controla las decisiones financieras del gobierno electo puertorriqueño responder sobre los cambios.

Los cinco funcionarios cesados son el presidente del ente fiscal, el exjuez de quiebras Arthur Gonzalez, y los puertorriqueños Juan Sabater, Cameron McKenzie, Betty Rosa y Luis Ubiñas.

Trump dejó en sus puestos a Andrew Biggs, experto del American Enterprise Institute (AEI), y John Nixon, quien fue director de Presupuesto de los estados de Michigan y Utah.

Biggs fue nombrado por el exlíder de la minoría republicana del Senado Mitch McConnell. Nixon fue recomendado por el speaker Mike Johnson.

Para el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez, la decisión de Trump, sin consultar a los funcionarios electos boricuas, “es el más burdo ejemplo que vivimos bajo un régimen colonial, donde no contamos con el poder político para tomar nuestras propias decisiones”.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, sostuvo, por su parte, que “no hay nada que celebrar”, pues “se trata de la pugna entre bandos de inversionistas: los que esperan salir bien con la quiebra de la AEE y lo que esperan salir más que bien”.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.