Washington D.C. - En un voto de reconsideración, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en la noche del domingo el proyecto de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Donald Trump, con significativos recortes presupuestarios y la renovación de alivios tributarios aprobados en 2017.

Un total de 17 republicanos votó a favor de la legislación –con cambios en programas como Medicaid, las becas Pell, los préstamos estudiantiles y la asistencia alimentaria-, mientras los 16 demócratas se opusieron.

En medio de negociaciones con el liderato republicano, cuatro conservadores republicanos votaron presente para la legislación poder ser aprobada.

Para poder llevar la medida a una segunda votación, los republicanos tuvieron primero que lograr una reconsideración, un voto que terminó 21-16, dividido en estrictas líneas partidistas.

El proyecto republicano persigue recortar alrededor de $1.5 billones (“trillions”, en inglés) y hacer permanente los alivios en las tasas contributivas de la reforma tributaria de 2017, a un costo de cerca de $4 billones.

Los más conservadores buscan adelantar para 2026 los requisitos de trabajo que se impondrían a los beneficiarios de Medicaid – que no aplicarán en Puerto Rico-, y para 2028 la eliminación de los fondos a favor del ambiente de la ley de Reducción de Inflación (IRA) que estén pendientes.

Todavía debaten, además, hasta donde elevar la deducción estatal en la planilla federal (SALT, en inglés).

Uno de los cuatro republicanos que votó presente, Ralph Norman (Carolina del Sur), sostuvo que cambiaba su voto debido a los cambios que se le harán a la medida. También votaron presente, es decir sin estar aún a favor de la legislación, sus colegas Chip Roy (Texas), Josh Brecheen (Oklahoma) y Andrew Clyde (Georgia).

El líder de la minoría demócrata en el comité, Brendan Boyle (Pensilvania), reclamó que se les diera copia de los cambios que se negocian entre la mayoría republicana y el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el costo de la medida.

Jodey Arrington (Texas), republicano que preside el Comité de Presupuesto, dijo que se votaba otra vez sobre la misma legislación, pues los cambios no están decididos. “La legislación no ha cambiado”, sostuvo Arrington.

La legislación puede ir el miércoles al Comité de Reglas y el jueves al pleno cameral, si hay un acuerdo final entre los miembros de la mayoría republicana, lo que aún no se ha conseguido.

El conservador Freedom Caucus – que reúne a una treintena de republicanos de la Cámara baja-, advirtió esta noche que los problemas de la legislación no han sido resueltos. “Tal como está escrito, el proyecto de ley continúa aumentando los déficits en el corto plazo con posibles ahorros en el futuro que tal vez nunca se materialicen”, indicó el grupo, en un comunicado de prensa.

Roy afirmó que votó “presente” “por respeto a la Conferencia Republicana y al presidente para que el proyecto de ley avance”.

“Esto nos da la oportunidad de trabajar juntos esta semana para lograr el objetivo, considerando que la calificación de nuestros bonos se redujo una vez más debido a la histórica mala gestión fiscal de ambos partidos”, agregó.

Se calcula que la legislación elevaría en $2.5 billones la deuda pública federal.

El proyecto de reconciliación presupuestario propone exigir trabajo o servicio comunitario a beneficiarios de Medicaid que tienen entre 19 y 64 años que puedan cumplir con esas tareas.

Tal y como está redactada la legislación en este momento, los requisitos de trabajo de Medicaid- que según CBO puede dejar a 8.5 millones de personas sin plan médico-, no comenzarían hasta 2029.

La medida no tocaría las asignaciones de Medicaid vigentes para Puerto Rico, que rondan ahora los $3,800 millones anuales, pero se reducirían –sin nueva legislación– a unos $500 millones en octubre de 2027.

Pero, la legislación provocaría que los beneficiarios del plan Vital en Puerto Rico –que es financiado principalmente a través de Medicaid– tengan que recertificarse cada seis meses, como en el resto de los programas estatales.

Actualmente, esas recertificaciones se hacen cada año.

La legislación no reduce de inmediato la subvención del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico, que ronda los $2,900 millones.

Pero, los demócratas insisten que el lenguaje que congela el plan de alimentos económicos (“Thrifty Food Plan”) provocará que Puerto Rico deje de recibir cerca de $1,000 millones adicionales durante la próxima década. El presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), ha rechazado la interpretación de los demócratas.

La legislación, mientras, eleva de 54 a 64 la edad máxima para requerirle trabajo o servicio voluntario a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En el área de educación, la legislación aumentaría de 12 a 15 el requisito de los créditos por semestre que un estudiante universitario debe tener para poder acceder a las becas Pell.

Mientras, se eliminan planes de repago de préstamos estudiantiles del Departamento de Educación federal más accesibles. En 2024, más de 300,000 personas tenían deuda estudiantil federal en Puerto Rico.

En el área tributaria, la legislación hace permanente el impuesto global sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés) que aplica a las manufactureras que hacen negocios como empresas foráneas.

No obstante, la legislación elevaría durante tres años –de 2026 a 2028– el crédito federal por niños dependientes (CTC, en inglés), que aplica plenamente en Puerto Rico. Propone elevarlo de $2,000 a $2,500 entre 2026 y 2028, pero luego quedaría fijado en $2,000. Sin nueva legislación, el CTC caería a $1,000 el próximo año.