Washington D.C. - El liderato del Senado buscaba garantizar la aprobación expedita este viernes del acuerdo que permitirá ratificar casi todo el presupuesto federal y dará dos semanas para buscar consenso sobre reformas al funcionamiento de las oficinas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que mantendrá temporalmente el nivel de gastos vigente.

La aprobación de la legislación presupuestaria minimizaría el impacto de un inevitable cierre parcial del gobierno federal a partir de esta medianoche, cuyo impacto puede durar solo un puñado de días y aplicar solo a oficinas de DHS, como la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera.

Si el Senado aprueba esta tarde los presupuestos de los departamentos de Defensa, Estado, Transportación, Educación, Vivienda y Salud, alrededor del 96% de las oficinas del gobierno federal quedarán financiadas hasta el 30 de septiembre de 2026, cuando termina el año fiscal vigente.

La Cámara de Representantes, que no está en sesión esta semana, aún tendría que extender por dos semanas el presupuesto de DHS. Si no sesiona hasta el lunes, eso significaría que la oficina se puede quedar sin presupuesto hasta principios de semana, aunque se prevé que los empleados esenciales como TSA y la Guardia Costera seguirán en funciones.

La resolución temporal de presupuesto que financia gran parte del gobierno federal vence esta medianoche.

La votación en el Senado se quería llevar a cabo el jueves en la noche, tras el acuerdo alcanzado entre el liderato del Congreso y la Casa Blanca para excluir el DHS del resto de las medidas presupuestarias que han sido consolidadas en un solo proyecto de ley.

Para aprobar de forma expedita la legislación se requiere unanimidad de los 100 senadores, 53 republicanos y 47 miembros del caucus demócrata.

Pero, el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) ha objetado lenguaje de la Cámara de Representantes que elimina la autorización concedida en noviembre pasado a legisladores federales – como él-, para demandar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, por $500,000, por haber obtenido sus registros telefónicos durante la investigación sobre los intentos del presidente Donald Trump por anular los resultados de las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

En una declaración de política pública, la Casa Blanca confirmó su respaldo al acuerdo presupuestario.“Con suerte tanto republicanos como demócratas darán un voto bipartidista (al acuerdo), que es muy necesario”, había indicado poco antes el presidente Trump, en su red Truth Social, al afirmar que “lo único que puede frenar nuestro país es otro largo y dañino cierre del gobierno”.

El acuerdo otorga dos semanas a la Casa Blanca y el Congreso para acordar reformas al funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), tras los excesos de sus agentes que acabaron este mes con la vida de dos ciudadanos estadounidenses – Renée Good y Alex Pretti-, que protestaban contra la movilización ordenada por Trump en Minneapolis, Minnesota.

En busca de acabar además con las operaciones de ICE y CBP por las cuales agentes de inmigración van por las calles pidiendo identificación a los ciudadanos o queriendo entrar a residencias sin órdenes de allanamiento judiciales, el liderato de la minoría demócrata del Senado ha exigido reformas.

Los reclamos de la minoría demócrata incluyen acabar con el patrullaje itinerante de ICE y exigir órdenes judiciales para poder allanar una residencia; coordinar los operativos con los gobiernos estatales y locales; exigir que los agentes utilicen cámaras corporales y mascarillas; crear normas de conducta uniformes para los oficiales de inmigración e investigaciones independientes sobre los incidentes que ocurren.

“Estados Unidos no quiere que financiemos un ICE fuera de control y que no cumple con la ley”, dijo el senador demócrata Chris Murphy (Connecticut).