Washington D.C. - A partir de esta semana, el Senado estadounidense comenzará a ordenar el gigantesco proyecto republicano de reconciliación fiscal, en momentos en que varios miembros de la mayoría advierten que propondrán cambios importantes en la legislación.

Aunque tienen diferentes exigencias, hay suficientes senadores determinados a proponer enmiendas a la legislación –unos preocupados por los recortes en Medicaid y otros por entender que la tijera se queda corta– como para prever que la mayoría republicana del Senado pondrá su propio acento a la medida.

El proyecto puede aprobarse en el Senado por encima de la regla de filibusterismo, que exige 60 votos para llevar una medida a votación final. Pero los republicanos, con una mayoría de 53 a 47 y el voto del vicepresidente JD Vance, solo pueden perder tres votos si todos los demócratas, como se espera, están presentes en la votación final y la rechazan.

“Tenemos que centrarnos en el gasto”, ha indicado el senador republicano Ron Johnson (Wisconsin), quien considera insuficiente el nivel de recortes de la legislación y generó titulares por decir que no todo el mundo puede ir a Disney World.

El proyecto republicano aprobado en el pleno cameral –el 22 de mayo– propone recortes presupuestarios de cerca de $1.5 billones (trillions, en inglés) durante la próxima década, a la misma vez que extiende, de forma permanente en gran medida, los alivios contributivos de la reforma tributaria de 2017, a un costo de cerca de $3.8 billones.

La legislación, además, incrementa los fondos para Defensa, seguridad en la frontera y financiar la ola de deportaciones de personas indocumentadas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ha estimado que la legislación aumentará el déficit fiscal federal en $2.3 billones, lo que ha generado críticas de los más conservadores, incluido el multimillonario Elon Musk, arquitecto de la comisión Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Para Musk, quien cesó sus funciones como asesor especial del presidente Donald Trump, el aumento en el déficit tacha los recortes –que se han quedado, según la Casa Blanca, en $170,000 millones, lejos de la aspiración de $2 billones– promovidos por DOGE.

Debido a que la medida aumenta la deuda federal, que supera los $36.2 billones, CBO advirtió que, bajo la norma legal actual, tiene que dispararse un recorte anual de un 4% en Medicare o $490,000 millones en una década.

La meta de la mayoría republicana del Congreso es que el presidente Trump pueda suscribir la legislación a más tardar el 4 de julio, cuando se celebran 249 años de la independencia de Estados Unidos.

El senador republicano Rand Paul (Kentucky) ha indicado que rechazará la legislación a menos que se saque de ella el lenguaje que permite elevar el techo de la deuda federal, un asunto que quiere que se lleve a votación por separado. Entrevistado el domingo en CBS, Paul afirmó que hay, al menos, cuatro republicanos en contra de la medida.

Los senadores republicanos Josh Hawley (Misuri), Lisa Murkowski (Alaska) y Susan Collins (Maine) han expresado preocupación, mientras, respecto al impacto de los recortes y cambios en la política pública de Medicaid, que puede dejar, según CBO, a 8.5 millones de personas sin un plan médico.

Hawley, en cuyo estado más del 20% de la población se beneficia de Medicaid, ha advertido que los republicanos pueden pagar electoralmente por una medida que le quite el plan médico a millones de personas.

Los estimados son que la mayor parte del ahorro en Medicaid se obtendrá por medio de la imposición de requisitos de trabajo a personas que tienen entre 19 y 64 años y pueden llevar a cabo jornadas de trabajo, servicios voluntarios o tomar entrenamientos laborales durante 20 horas semanales.

“Trump ha prometido recortes de impuestos a la clase trabajadora y protección para el seguro social de la clase trabajadora, como Medicaid. Pero, ahora, un ruidoso contingente de republicanos corporativistas –llamémoslo el ala de Wall Street del partido– insta al Congreso a ignorar todo eso y volver a la vieja religión: concesiones corporativas, preferencias por el capital y profundos recortes al bienestar social”, señaló Hawley en un artículo de opinión reciente en el periódico The New York Times.

Hawley ha criticado particularmente el apartado que permitiría elevar de $10,000 a $40,000 las deducciones estatales en la planilla federal, por entender que “es un gran recorte tributario a gente rica que vive en California, Nueva Jersey y Nueva York”.

Hace unos días, la senadora republicana Joni Ernst (Iowa), en una reunión con electores, se metió en aguas profundas al afirmar que “todos vamos a morir” cuando se le cuestionó que recortar Medicaid puede ser un asunto de vida o muerte para las personas con menos recursos económicos.

El speaker cameral, Mike Johnson (Luisiana), ha exhortado a sus colegas del Senado a no hacer cambios significativos a la legislación, para que pueda ser revalidada en la Cámara baja antes de enviarse, si las cosas les salen bien, a la firma del presidente Trump, quien pidió que el proyecto se titulara “Un gran y hermoso proyecto de ley”.

Mientras, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, arquitecto de muchas de las iniciativas de recortes, dijo que conversan con los senadores republicanos para asegurar la aprobación de la medida este mes. También confirmó, en entrevista con CNN, que esta semana la Casa Blanca enviará legislación para codificar $9,000 millones en recortes de la comisión DOGE.

Aunque los requisitos de trabajo de Medicaid no aplican a la subvención de cerca de $3,800 millones anuales que recibe Puerto Rico, la legislación obligaría a sus beneficiarios a recertificarse dos veces al año, según expertos.

No hay recortes inmediatos en la subvención del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para la cual el proyecto de presupuesto del presidente Trump recomienda un aumento de $72 millones anuales, para alcanzar los $2,994 millones.

Pero la minoría demócrata sostiene que la propuesta republicana para congelar el nivel del plan de alimentación económica (Thrifty Food Plan), que es parte del proyecto de reconciliación fiscal e influye en las asignaciones, puede evitar que Puerto Rico reciba unos $1,000 millones adicionales durante la próxima década.

El presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), ha rechazado ese análisis, aunque CBO y el grupo de estudio Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias (CBPP) coinciden con la minoría cameral.

La legislación eleva de 54 a 64 años la edad máxima para exigir requisitos de trabajo a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), al cual las autoridades puertorriqueñas han intentado integrar a Puerto Rico sin éxito.

La medida aumentaría de $2,000 a $2,500, entre 2026 y 2028, el crédito contributivo por niños dependientes (CTC), con plena vigencia en Puerto Rico. De acuerdo a la legislación, el CTC volvería a ser de $2,000 a partir de 2029.

En el apartado tributario, también se haría permanente el impuesto global sobre la propiedad intelectual (GILTI) de las corporaciones foráneas, que es de 10.5% y aplica a importantes manufactureras en la isla.

El proyecto de reconciliación fiscal endurece los requisitos para acceder a las becas Pell, pues se requerirían ahora, al menos, 15 créditos por semestre, no 12, para recibir esa asistencia.