Washington D.C. - Después del fin de semana de tres días, el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) –consecuencia del tranque político sobre las reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)-, entra en plena operación este martes.

La gran mayoría de los funcionarios de las oficinas de DHS que está sin presupuesto desde el sábado siguen en sus puestos, aunque muchos sin tener garantizado cuando recibirán el salario de la próxima quincena.

En el anterior cierre parcial, que duró cuatro días y afectó a otros departamentos y servicios del gobierno federal, DHS estimó que el 91% de sus empleados suelen tener que trabajar cuando ocurren estas brechas presupuestarias.

En términos fiscales, aunque es el eje de la discordia, las oficinas de inmigración – como ICE y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)-, tienen decenas de miles de millones de dólares en asignaciones adicionales a su presupuesto anual, debido a la ley de reconciliación fiscal de 2025.

En este tercer cierre parcial de la segunda administración de Donald Trump- ahora solo centrado en el DHS-, las oficinas afectadas incluyen la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

También están sujetas al cierre parcial la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), el Servicio Secreto, Centros Federales de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (FLETC), la Dirección de Ciencia y Tecnología (S&T), la Oficina del Inspector General (OIG) y el Servicio Federal de Protección.

En el caso de TSA, cuyos empleados son esenciales en los aeropuertos, cerca del 95% de los recursos tienen que reportarse a trabajar, aunque no tengan seguridad de que cobrarán la próxima quincena.

En FEMA, se calcula que un 85% de sus trabajadores tendrán que seguir trabajando. Una vez reabra todo DHS, esos empleados cobrarán su dinero de forma retroactiva.

Las negociaciones en el Congreso sobre potenciales reformas a ICE dependen principalmente de algún acuerdo entre la minoría demócrata, con suficientes votos para normalmente vetar legislación en el Senado, y la Casa Blanca.

Las dos cámaras legislativas están en receso hasta el lunes próximo, aunque sus principales responsables, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana), y el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), han indicado que convocarían a sesión en al menos 48 horas una vez se logre un acuerdo.

El domingo, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), insistió en reclamar algunas de las principales reformas que persiguen, como que los agentes de ICE cesen de utilizar mascarillas, de hacer patrullajes itinerantes tratando de encontrar personas que consideran tienen un perfil de inmigrante, realizando arrestos en escuelas, hospitales, tribunales y centros electorales, y sin órdenes judiciales.

“Eso es lo que el pueblo estadounidense está pidiendo”, dijo Schumer, en entrevista con CNN.

Por su parte, el zar de la Frontera, Tom Homan, ha coincidido con Trump, los republicanos del Congreso y la jefatura de DHS en rechazar el uso de mascarillas, por entender que es necesario proteger la identidad de los agentes.

Homan asumió a principios de mes el liderato de ICE en Minneapolis después que agentes de inmigración mataron a bocajarro a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra la movilización ordenada por el gobierno de Donald Trump.

La semana pasada, en una medida que busca -además- suavizar las tensiones, anunció la próxima retirada de los cerca de 2,000 agentes movilizados a Minneapolis (Minnesota), donde se dio muerte a los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti.

El primer cierre parcial del gobierno federal este cuatrienio tuvo lugar entre octubre y mediados de febrero. Tuvo una duración de 43 días, el más largo de la historia.