Washington D.C. - El exenviado de Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Justin Peterson, ha defendido ante el Tribunal Federal de San Juan la decisión del presidente de Estados Unidos de destituir a seis de los siete miembros del ente fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

“Sin una capacidad significativa para destituir a los miembros de la JSF, el presidente y el pueblo de Puerto Rico quedarían atrapados con miembros ineficaces cuyas políticas han perjudicado a la isla y a su gente durante casi una década”, indicó la representación legal de Peterson, en un argumento como “amigo de la corte”, que fue presentado el viernes por el licenciado Ramón Rosario Cortés, exabogado del Partido Nuevo Progresista (PNP), aliado del exgobernador Pedro Pierluisi y panelista de radio.

La representación de Peterson incluye a Daniel Epstein, de la fundación jurídica America First –cercana a Trump–, donde estuvo el actual subjefe de Gabinete y responsable de la Política Pública de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Peterson renunció a la JSF en 2023, molesto por las decisiones del ente financiero, que han incluido recomendar un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que es objetado por bonistas, entre ellos la firma Golden Tree Management.

El Plan de Ajuste propuesto por la JSF hubiese permitido pagar $2,600 millones de la deuda de la AEE, que por concepto de bonos asciende a $8,500 millones. Bonistas que rechazan esta propuesta aspiran a un pago de $12,000 millones, incluyendo intereses.

Antes de llegar a la JSF, Peterson, como director gerente de la firma de relaciones públicas y cabildeo DCI Group, coordinó una campaña en contra del gobierno de Puerto Rico, en momentos en que las autoridades del archipiélago buscaban un mecanismo para declararse en quiebra.

La campaña de descrédito en contra del gobierno de Puerto Rico, que comenzó en 2015, estuvo coordinada por DCI Group e incluyó defender al desaparecido banco Doral, favorecer la imposición de una junta de control fiscal y en contra de que las oficinas gubernamentales puertorriqueñas pudieran reestructurar su deuda.

El licenciado Rosario Cortés era entonces abogado del banco Doral.

Por medio de su representación legal, Peterson –quien ha estado cercano también a cabilderos que colaboran con el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández–, sostuvo que la demanda de los exdirectivos de la JSF –Arthur González, Betty Rosa y Andrew Biggs– no tiene méritos, pues aunque el presidente Trump no haya precisado en su carta la razón para las destituciones, “causa” –la razón para remover a un miembro del ente fiscal– “puede incluir decisiones de política pública inefectivas”.

“Los demandantes también se equivocan al afirmar que tienen un interés de propiedad privada en su permanencia en una junta gubernamental. Al no tener ningún interés de propiedad en algo que pertenece al gobierno, no tenían derecho a ningún proceso antes de su destitución”, argumentó la representación legal de Peterson.

Según el recurso judicial, Peterson “ha aplaudido las acciones del presidente para rescatar a Puerto Rico de una Junta que ha presidido la desintegración de la red eléctrica de la isla y que ha incumplido sus deberes más básicos con el pueblo de Puerto Rico”.

Para Peterson, quien no cesa de elogiar al presidente Trump, un nuevo liderazgo de la JSF “podría tomar medidas rápidamente para que Puerto Rico vuelva a ser grande”.

En ese sentido, considera que una nueva dirección en la JSF “podría poner fin a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual se puede lograr rápidamente mediante un acuerdo consensuado con los acreedores que han llegado a numerosos acuerdos en el pasado, solo para que la JSF se retire de la mesa de negociaciones”.

“Una reestructuración que trate a todas las partes de manera justa y no imponga una carga excesiva a los contribuyentes sería fácilmente alcanzable con una nueva JSF centrada en los acuerdos. En segundo lugar, el nuevo liderazgo de la JSF podría ayudar a privatizar y reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico. Esta puede funcionar con gas natural estadounidense y reactores modulares pequeños seguros, en lugar de la promoción ecológica o paneles solares que serán destruidos por el próximo huracán”, agregó.

Como otros sectores, Peterson considera que una vez terminada la reestructuración de la deuda de la AEE, la JSF debe ser disuelta.

Al comenzar las destituciones en la JSF, hace dos meses, la Casa Blanca cuestionó el tiempo que ha tomado reestructurar la deuda de la AEE, la efectividad del ente fiscal, el gasto general de más de $2,000 millones y que no haya detenido la corrupción en el gobierno de Puerto Rico.