Washington D.C. - La administración de Jenniffer González retiró la demanda del gobierno de Puerto Rico en la que reclamaba $1,000 millones a empresas multinacionales de energía y petroquímicas por daños ambientales causados por “prácticas comerciales ilegales”.

En momentos en que el gobierno de Donald Trump y grupos de derecha defienden a esas empresas y persiguen acabar con las demandas, el Ejecutivo de Puerto Rico –aliado con la Casa Blanca en favor de energía producida por gas natural– desistió voluntariamente de la demanda.

El diario británico The Guardian reportó primero el viernes el retiro del litigio.

El gobierno de Puerto Rico no ha explicado aún la razón para retirar el recurso judicial.

La demanda fue presentada, en julio de 2024, en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, por la administración del entonces gobernador, Pedro Pierluisi, en contra de Exxon Mobil Corporation, BP P.LC., Chevron Corporation, Chevron Phillips Chemical Puerto Rico Core, LLC, ConocoPhillips, Shell PLC, Station Maangers of Puerto Rico, Inc., TotalEnergies y TotalEnergies Marketing PR Corp.

Entonces, la administración de Pierluisi –como González, del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, pero afiliado a los demócratas en Estados Unidos– mantuvo que las empresas engañaron al público “sobre los efectos del uso de combustibles fósiles” y el impacto en el cambio climático.

“Estas compañías han conocido internamente desde hace décadas que la contaminación de gases de efecto invernadero proveniente de productos de combustibles fósiles tendría impactos adversos en el clima mundialmente y el nivel del mar. Con ese conocimiento, tomaron medidas para proteger sus propios activos de los daños y riesgos climáticos, a través de una inmensa inversión interna en investigación, mejoras de infraestructura y planes para explotar nuevas oportunidades comerciales en un mundo en calentamiento”, indicó, en aquel momento, el entonces secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Además, Emanuelli mantuvo, entonces, que las empresas “no advirtieron verazmente a los consumidores puertorriqueños sobre las consecuencias del uso y la quema de combustibles fósiles en la isla, así como su impacto sobre el medioambiente”, por lo que era hora “que ellos mitiguen los daños que le han causado a Puerto Rico y que no sean los puertorriqueños quienes paguen la cuenta”.

La administración de Trump alegó en los tribunales que la Ley federal de Aire Limpio limita la capacidad de los gobiernos estatales para reglamentar las emisiones de gases de efecto invernadero fuera de sus fronteras.

Como Puerto Rico, gobiernos estatales y municipales han llevado casos judiciales en contra de las empresas petroleras.

En este momento, el Departamento de Energía tiene frenados $365 millones, asignados por el gobierno de Joe Biden, para paneles solares y baterías de almacenamiento en centros de salud y residenciales públicos.

Previamente, 37 municipios de Puerto Rico demandaron a empresas como ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y el Instituto Americano del Petróleo, por entender que han obviado el impacto del cambio climático, que estuvo vinculado a la temporada de huracanes de 2017, que principalmente por medio del huracán Maria causó una catástrofe en el archipiélago.

Los municipios que representados en la demanda son Bayamón, Caguas, Loíza, Lares, Barranquitas, Comerío, Cayey, Las Marías, Trujillo Alto, Vega Baja, Añasco, Cidra, Aguadilla, Aibonito, Morovis, Moca, Barceloneta, Camuy, Cataño, Salinas, Adjuntas, Arroyo, Culebra, Dorado, Guaynabo, Hormigueros, Juncos, Lajas, Manatí, Naguabo, Naranjito, Utuado, Villalba, Coamo, Orocovis, Vieques y Yabucoa.

El alcalde de Bayamón y aliado de la gobernadora, Ramón Luis Rivera Cruz, es uno de los demandantes.