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Grupo de estudio estadounidense destaca resurgimiento de Puerto Rico como “punto de conexión” militar para Estados Unidos

El Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales advierte que el Pentágono necesita otros centros de operaciones en Latinoamérica y el Caribe, mientras la congresista Nydia Velázquez critica el renovado interés bélico en Puerto Rico

16 de octubre de 2025 - 10:45 AM

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Actualizado el 16 de octubre de 2025 - 12:33 PM

Washington D.C. - Puerto Rico ha resurgido como punto de conexión para las actividades militares de la administración de Donald Trump en el Caribe y Sudamérica, de acuerdo con expertos del grupo de estudio Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés).

En momentos en que el Pentágono bombardea lanchas venezolanas que supuestamente cargaban droga, dando muerte, al menos, a 27 personas, y lleva a cabo prácticas militares en la zona de Puerto Rico, las tropas estadounidenses han utilizado el puerto de Ponce, la pista para aviones de la base naval Roosevelt Roads de Ceiba y las instalaciones de la Guardia Nacional en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

Incluso, el alcalde de Arroyo, Eric Bachier, permitió –con “gran orgullo”– que se hicieran desembarcos en el balneario municipal.

Según el CSIS, con oficina en Washington D.C. y que examina asuntos relacionados con la seguridad nacional, Estados Unidos ha movilizado al Caribe más del 10% de sus activos navales, incluidos “cuatro destructores, un crucero, un submarino de ataque de propulsión nuclear, un muelle de desembarco para helicópteros, dos buques anfibios y una plataforma de operaciones especiales, junto con numerosos buques de apoyo”.

“A diferencia de Oriente Medio o el Indopacífico, Estados Unidos cuenta con una infraestructura de bases limitada en América Latina y el Caribe. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) cuenta solo con dos instalaciones: la Estación Naval de Guantánamo, en Cuba, y la base aérea Soto Cano, en Honduras, como bases en el extranjero durante todo el año”, indicaron Henry Ziemer y Ryan Berg, expertos del CSIS, en un análisis publicado en la página de su institución.

Berg dirige el programa para América del CSIS, del cual Ziemer es parte, y lidera, además, la Iniciativa sobre el Futuro de Venezuela.

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Ziemer y Berg reconocen que la declaración de guerra de la administración Trump contra los cárteles de la droga ha generado dudas jurídicas, éticas y morales, y “si bien la declaración de un estado de conflicto armado ha ofrecido cierta base jurídica, ya se enfrenta a un intenso escrutinio interno, como una resolución sobre poderes de guerra en el Senado de Estados Unidos”.

Desde las zonas a que han sido movilizados en el Caribe y Puerto Rico, Estados Unidos “sigue siendo capaz de realizar ataques de precisión desde una distancia segura contra objetivos presuntamente vinculados al narcotráfico en Venezuela”.

Pero, pese a la “importante proyección de poder desde Puerto Rico” y la capacidad de portaviones movilizados como el USS Iwo Jima, los expertos del CSIS reafirmaron comentarios de que “la presencia estadounidense sigue estando muy por debajo del nivel necesario para operaciones de combate a gran escala en un territorio del tamaño de Venezuela, con todas las complejidades que conlleva”.

Esto no significa, indicaron, que la intensificación de las operaciones militares en la región esté descartada. “Técnicamente, varios objetivos se encuentran dentro del alcance de los misiles de crucero de ataque terrestre Tomahawk estadounidenses, incluso cuando los buques en los que se basan están atracados en Puerto Rico. Esto también refuerza la importancia estratégica de Puerto Rico como punto desde el cual varios activos estadounidenses pueden alcanzar Venezuela, mientras permanecen en o cerca de costas aliadas”, señalaron.

Ziemer y Berg advirtieron que “ninguna campaña militar está exenta de riesgos, y hasta ahora la administración Trump parece estar buscando minimizar el grado en que las fuerzas estadounidenses deben entrar en el alcance de la limitada capacidad” de Venezuela para evitar que un adversario ocupe un área.

Para los expertos del CSIS, la actividad militar estadounidense en el Caribe y Latinoamérica probablemente aumentará a corto plazo, y toman como base para esa proyección no solo la movilización que ha tenido lugar en los alrededores de Puerto Rico, sino la importancia que se le da a esa zona en la próxima Estrategia de Defensa Nacional 2025.

“Puerto Rico se ha convertido en un activo valioso para el despliegue actual en el sur del Caribe, pero en otras partes de la región, especialmente en Sudamérica, la proyección de poder estadounidense se vuelve aún más limitada”, agregaron Ziemer y Berg.

Los expertos señalaron que Estados Unidos “necesita urgentemente una orientación clara sobre cuándo y cómo se utilizarán activos adicionales en la región, así como una mayor inversión en el desarrollo de la red logística en América Latina y el Caribe si se pretende que el giro hacia el Hemisferio Occidental se concrete plenamente”.

Nydia Velázquez cuestiona la movilización

Por su parte, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) sostuvo que puede haber incertidumbre en torno a cuáles son los planes del Pentágono respecto a Puerto Rico.

Pero, sostuvo que el legado de la Marina de Guerra de Estados Unidos debe servir de ejemplo de los riesgos a que se enfrenta la población, tras más de seis décadas de bombardeos en la isla municipio de Vieques –que concluyeron oficialmente en 2003– y la alta tasa de enfermedades crónicas a que se han enfrentado los residentes.

Nydia Velázquez (GFR Media)
Nydia Velázquez, congresista.

“Su legado debería generar un profundo escepticismo ante cualquier nueva militarización de Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno puertorriqueño ha adoptado una postura celebratoria que ignora el dolor de miles de personas que aún esperan justicia”, indicó Velázquez, en un artículo de opinión publicado este viernes en la revista Newsweek.

Velázquez sostuvo que el gobierno de Puerto Rico “continúa cediendo tierras, recursos y soberanía sin exigir protecciones ni rendición de cuentas, apostando a la promesa de beneficios económicos y relevancia internacional”, en momentos en que el archipiélago boricua “sigue siendo una colonia, explotada a su antojo, sin garantías de justicia ni igualdad”.

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