Washington D.C. - Cinco semanas después del presidente Donald Trump comenzar a destituir miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Casa Blanca no ha tenido ninguna comunicación con el líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries (Nueva York), en torno a las vacantes en el ente.

Jeffries confirmó este jueves la ausencia de información de parte de la Casa Blanca, pese a que uno de los seis destituidos –el expresidente de la JSF Arthur Gonzalez– había sido recomendado por su oficina.

A preguntas de El Nuevo Día, Jeffries afirmó que mantiene “una estrecha comunicación (con la congresista) Nydia Velázquez, así como con (el comisionado residente) Pablo José Hernández y otros líderes del caucus en relación con el continuo ataque de la Casa Blanca a la capacidad de Puerto Rico para cumplir con sus responsabilidades fiscales de una manera que beneficie a la población puertorriqueña, en lugar de que se les dicte lo que tienen que hacer”.

Indicó que, próximamente, tendrá “más que decir sobre este tema”, pero que lo hará “en colaboración con los líderes del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes que tienen estrechos vínculos con la isla, incluyendo al comisionado residente”.

Los despidos tuvieron lugar en momentos en que un grupo de bonistas, liderados por la firma Golden Tree Asset Management, objetaba el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que impulsaba la antigua JSF y hubiese pagado unos $2,600 millones a los acreedores de la corporación pública, cuya deuda por concepto de bonos ronda los $8,500 millones.

Bonistas como Golden Tree han reclamado que se les pague unos $12,000 millones, lo que incluye los intereses de la deuda.

Al dar a conocer las destituciones, la Casa Blanca criticó, a principios de agosto, los gastos en consultores y personal de la JSF, que superan los $2,000 millones en nueve años; el tiempo que ha durado la reestructuración de la deuda de la AEE; la continuación de las “prácticas de corrupción y fraude en la adjudicación de contratos públicos” del gobierno de Puerto Rico; y la oposición del ente fiscal a nombrar un inspector general del sector privado en la AEE.

Bajo la ley Promesa, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado (dominado por los republicanos 53 a 47), el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro de la JSF y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas, que en esta sesión son demócratas.