La administración de Jenniffer González reconoció este lunes que dejó de defender la asignación de $365 millones para energía solar y retiró la demanda de $1,000 millones contra empresas petroleras debido a que la gobernadora quiere “estar alineada con las políticas del presidente” Donald Trump.

“La política del presidente es a favor de la quema de combustibles fósiles, la protección de las petroleras, el regreso al ‘fracking’ (fracturamiento hidráulico)”, indicó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo.

En las últimas semanas, según fuentes y expresiones de la gobernadora González, el gobierno de Puerto Rico dejó de defender esa asignación en medio de críticas del gobierno de Trump, por medio de su Departamento de Energía (DOE), al uso de esos fondos para energía solar.

Mientras, la semana pasada, el Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó un recurso judicial dirigido a retirar la demanda de $1,000 millones presentada por el gobierno de Pedro Pierluisi en contra de empresas petroleras que considera han causado daños ambientales en la isla.

Torres Montalvo afirmó en Radio Isla que, para evitar controversias con la Casa Blanca o la pérdida de otros fondos si contradice la política pública de Trump, la gobernadora también se ha alineado con la posición de la administración federal en defensa de las empresas petroleras.

González –quien milita en el Partido Republicano de Estados Unidos– apoyó descartar la subvención de $365 millones para energía solar dirigida a instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en centros de salud comunitarios y residenciales públicos, entre otras instalaciones, pero, según Torres Montalvo, “se hizo un intento para tratar de defenderlos”.

Como había adelantado El Nuevo Día, la gobernadora, quien ha dicho que quiere ser el eslabón de Trump con Puerto Rico, “desistió de respaldar la subvención”, confirmó el portavoz de La Fortaleza. “El enfoque de la gobernadora en el tema energético es tratar de que tengamos la producción de energía suficiente para los meses de verano”, dijo.

Aunque el DOE indicó que la subvención de $365 millones está bajo revisión, la gobernadora González sostiene que fue cancelada y que ha propuesto el uso de esos fondos para generación, transmisión y distribución de energía.

“Nosotros vamos a seguir la política pública del presidente (Trump) porque, de fondos estatales…, no tenemos el dinero para suplir ese tipo de gastos”, dijo González, el 24 de abril, al vincular la supuesta cancelación millonaria con la decisión del inquilino de la Casa Blanca de eliminar asignaciones relacionadas con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Una semana después, el 30 de abril, González dijo, tras un evento en Isabela, que había solicitado al gobierno federal que reasignara los fondos, pero “para lo que tiene que ver con generación y con la transmisión y distribución”, pese a que, para eso, se han asignado unos $17,000 millones.

“Ese fondo está bajo revisión”, indicó la subsecretaria adjunta del DOE para Participación Pública, Cynthia Cortina, en un mensaje del 16 de abril a la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), quien encabezó un llamamiento al DOE para completar la subvención para obras de energía renovable.

Cortina destacó entonces que, bajo el gobierno de Trump, han estado en contacto directo con la oficina de la gobernadora González y el zar de Energía, Josué Colón, “para asegurar el mejor uso de esos fondos”.

Una semana después de la comunicación enviada a la congresista Velázquez, un portavoz del DOE afirmó a este medio que “se está llevando a cabo una revisión a nivel departamental de todos los procesos de subvenciones relacionados para garantizar el pleno cumplimiento de la ley, las órdenes judiciales aplicables y las prioridades de la administración Trump”.

Colón envió la semana pasada una comunicación al DOE pidiendo redirigir los fondos, según fuentes.

Los $365 millones son parte del Fondo de Resiliencia Energética para Puerto Rico (PR-ERF, en inglés) que fue impulsado por el recientemente fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona) y se incluyó en una ley de presupuesto.

Por otro lado, la demanda contra las petroleras, retirada por el gobierno de Puerto Rico, fue presentada en julio de 2024 contra empresas como Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, y TotalEnergies.

“Estas compañías han conocido internamente, desde hace décadas, que la contaminación de gases de efecto invernadero proveniente de productos de combustibles fósiles tendría impactos adversos en el clima mundialmente y el nivel del mar. Con ese conocimiento, tomaron medidas para proteger sus propios activos de los daños y riesgos climáticos, a través de una inmensa inversión interna en investigación, mejoras de infraestructura y planes para explotar nuevas oportunidades comerciales en un mundo en calentamiento”, indicó, en julio pasado, el entonces secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.